Por: Columna del lector

En defensa de la Comisión de la Verdad

Por Óscar Arnulfo Cardozo Cardozo

“Hay que hallar la identidad de los muertos y denunciar quiénes fueron los culpables. Emprender una minuciosa búsqueda de los sobrevivientes. Y poco a poco con la ayuda de ellos, amontonando lágrimas y dolores, nombrar a los masacrados. Otorgarles el rostro que tuvieron, saber qué hacían y pensaban y cómo fueron ejecutados”:

Tríptico de la infamia, Pablo Montoya, Pág. 183

193 hojas de vida fueron postuladas. Académicos, militares, artistas, clérigos, periodistas e infinidad de perfiles más. Nadie puede decir que aquí no cupo el país, pues la variedad de identidades salta a la vista. Como sociedad, los colombianos aún no hemos podido establecer consensos sensatos que nos permitan avanzar cultural y socialmente en defensa de garantías tan elementales como la consecución de la paz o la posibilidad de igualdad de derechos entre minorías históricas. Aquí, justamente, opera el nudo de la cuestión: Verdad en singular, siempre como relato supremacista dentro de un colectivo o grupo social determinado.

Con lo anterior, quiero recalcar el primer gran aporte de esta comisión, aún sin empezar: la confluencia múltiple de identidades, puntos de vista, profesiones, generaciones y verdades. 11 personas; cinco mujeres, seis hombres; cinco antioqueños, dos bogotanos, dos vallecaucanos, un risaraldense y un español; dos médicos, dos abogados, dos economistas, un sociólogo, una arquitecta, un sacerdote y un mayor retirado; una generación de los años 40-50, otra de los años 60-70 y otra de los 80; representantes de instituciones tan variopintas como universidades, ONG, Iglesia, Ejercito, museos, centros de pensamiento, etc. Así, pues, reconocer este encuentro de opiniones, vivencias diferenciales, lecturas de la historia de violencia en nuestro país, implica reconocer un aporte más dentro de la cadena narrativa que históricamente ya han venido desarrollando comunidades y grupos populares a través de expresiones tan diversas como canciones, pinturas, narraciones en viejos cuadernos, relatos orales, fuentes primarias de la historia nacional.

Como segundo y valioso aporte de esta comisión, quiero mencionar la posibilidad real que existe a partir de su tarea de establecer valiosas defensas de los derechos humanos a través de los relatos que la historia nos plantee, las experiencias locales aún sin voz, los miles de muertos anónimos llevados a la palabra, la no repetición como hecho y no como promesa.

Justamente, esto mismo implica repensar la construcción de mecanismos distintos a nivel jurídico y político que, a la luz de una lectura de la historia, protejan integralmente a líderes sociales, en el campo y en resguardos, para evitar sus desapariciones sistemáticas; defiendan a trabajadores sindicalizados históricamente ubicados en el ala clásica de la estigmatización “delincuencial”; y finalmente, posibiliten garantías para docentes y profesionales en regiones que eviten sus persecuciones y asesinatos inscritos en lógicas de miedo.

Claramente, 11 personas no son el relato fidedigno de 48 millones de experiencias distintas de vivencia del conflicto, ni de 60 años de violencia inscritos en cuerpos, voces y miradas.

Sin embargo, son también experiencias validas, relatos inscritos en algunos códigos comunes en los cuales nos podemos identificar bien sea leyendo el origen de las primeras organizaciones insurgentes agrarias en el sur del Tolima planteadas por Molano o los pormenores de las operaciones de los militares en el Caquetá descritas por el mayor retirado Ospina. Así, pues, aunque nos pesen más la duda, la supuesta parcialidad y el pesimismo por lo aún no hecho, las contribuciones en donde converjan lo diverso, lo reflexivo y lo múltiple siempre serán bien recibidas, y más aún si su sustrato central recae en reconocer a la memoria como un asunto del presente.

 

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