En defensa de la rebelión de las canas

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La pretensión del Gobierno de confinar a los mayores de 70 años por más tiempo y en forma más estricta que al resto de adultos parece lógica y humana. Pero en realidad es discriminatoria.

Las bases científicas invocadas por el Gobierno son que los mayores de 70 años, en caso de contagio, tienen una probabilidad más alta de tener cuadros clínicos severos, de terminar en una UCI y de morir. Eso es cierto, pero el interrogante es si esos datos justifican que el Estado confine en esa forma a los mayores de 70 años.

La justificación del Gobierno es que el confinamiento reduce el contagio de esa población, lo cual tiene dos finalidades: i) proteger a los propios confinados, que es el argumento que más usa el Gobierno, pues suena bonito, y ii) proteger los servicios de salud, y en especial las UCI, pues evita su copamiento por los adultos mayores, que es un argumento que el Gobierno no formula tanto, pues suena feo, pero sugiere al decir que los adultos mayores tienen deberes de solidaridad con los demás.

El problema del razonamiento del Gobierno es que minimiza el uso de un criterio de diferenciación (ser adulto mayor), que en principio está prohibido por la Constitución, por las discriminaciones crecientes que sufre esa población, por lo que debería ser empleado solo en condiciones muy estrictas. El trato distinto a adultos mayores no solo debe ser potencialmente útil para alcanzar el propósito buscado, sino ser claramente eficaz; además, debe ser estrictamente necesario y proporcionado. Y eso no ocurre en este caso, por al menos tres razones.

Primera, la eficacia de la medida es débil, incluso si es cumplida, pues aproximadamente el 70 % de los adultos mayores conviven con personas más jóvenes. Si el confinamiento es mantenido solo para los mayores de 70 años, la medida no les brinda protección clara, pues podrían ser contagiados por los otros integrantes del hogar.

Segunda, desconoce los impactos, para nada menores y que han sido documentados, que la medida tiene sobre la dignidad y la salud de los adultos mayores que, con razón, se sienten humillados por ese tratamiento discriminatorio y paternalista.

Tercera, ignora que existen medidas alternativas no discriminatorias que pueden ser más eficaces. Cito solo dos: fortalecer aún más los servicios de salud para evitar su copamiento, con mayores apoyos financieros, que hasta ahora han sido insuficientes, y mejorar la información sobre los riesgos extraordinarios de los adultos mayores frente al COVID-19 para que ellos incrementen sus medidas de autoprotección y el resto de la población sea más cuidadosa con ellos.

Todos tenemos un deber solidario de evitar la extensión del contagio del coronavirus. Por eso, quienes lideran la “rebelión de las canas” han aclarado que no se oponen a las medidas generales de aislamiento social, sino al trato paternalista y discriminatorio que han sufrido. Creo que tienen razón: ¿por qué deben los mayores de 70 años cargar en forma desproporcionada y humillante con los costos de estos esfuerzos de reducir el contagio? Tengamos en cuenta que ese confinamiento especial a los mayores de 70 años podría prolongarse por meses y meses…

Creo que el Gobierno ha tomado estas medidas de buena fe. Y al inicio y por poco tiempo pudieron tener sentido. Pero hoy debería revocarlas, pues son discriminatorias y alimentan un peligroso imaginario social contra los adultos mayores, que son considerados crecientemente como personas sin autonomía, que para muchos ya han vivido demasiado y que por ello deben aguantarse todo lo que les impongan, sin chistar.

Posdata. Por transparencia, aclaro que con el profesor Esteban Hoyos Ceballos hemos asesorado ad honorem la tutela de la rebelión de las canas.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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