Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria

En defensa de Piedad

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA Nación —con el mismo procedimiento y precedente jurídico que han utilizado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para condenar los congresistas por parapolítica— destituyó e inhabilitó a la senadora Piedad Córdoba...

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA Nación —con el mismo procedimiento y precedente jurídico que han utilizado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para condenar los congresistas por parapolítica— destituyó e inhabilitó a la senadora Piedad Córdoba por 18 años para ocupar cargos públicos; la encontró responsable de promocionar y colaborar con las Farc extralimitándose en sus funciones como facilitadora en la liberación de secuestrados, de intentar fraccionar la unidad nacional, de instar a esa guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos, de usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia y, finalmente, de aconsejar a la guerrilla de la Farc en el manejo político del intercambio humanitario.

Igualmente el Procurador le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue a Piedad Córdoba por su posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos por la Farc.

Piedad Córdoba sin dudas es una persona controvertida, por la que la gente siente amores y odios: es cuestionada negativamente y admirada igualmente por su actividad e intervención con la guerrilla como facilitadora para la liberación de los secuestrados de la Farc. Su cercanía al presidente venezolano Hugo Chávez y la posible cercanía de éste con la guerrilla, por una parte, y la intervención de aquél en los asuntos colombianos durante el gobierno de Uribe —con quien por lo demás mantuvo una difícil relación—, al igual que las manifestaciones criticas de Piedad, por la otra, han generado cuestionamientos y criticas negativas de gran parte de la sociedad colombiana, especialmente de la uribista.

Sea lo que sea, es claro que Piedad mal o bien ha hecho una importante tarea y tiene un claro compromiso por la paz y por la liberación de los secuestrados. Para ello era necesario acercarse, reunirse y dialogar con la  guerrilla, pero castigarla por esa tarea es un absurdo. Lo es también pretender inhabilitarla por hablar en foros internacionales de la necesidad de un cambio durante el gobierno de Uribe, pues habría entonces que hacerlo con varios de nosotros.

Piedad ha adelantado sin duda una importante tarea que hoy pretende ser castigada en una clara persecución que avergüenza al país. Tal fue igualmente el caso de Álvaro Leyva o los cuestionamientos que tuvo Rafael Pardo al inicio del Gobierno, aunque no había llegado ninguno de ellos tan lejos. ¿Quién se le medirá entonces a tener algún papel en la búsqueda de un acercamiento con los insurgentes?

 

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