Por: Francisco Leal Buitrago

En nombre de la democracia

La formación del Estado moderno y la definición de la democracia liberal fueron procesos largos y tortuosos: desde la Paz de Westfalia —mediados del siglo XVII—, pasando por las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, y culminando con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el pronto inicio de la Guerra Fría, con sus bloques encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética, impidió decantar la democracia en Latinoamérica. Bajo la hegemonía continental de Estados Unidos, surgieron dictaduras bajo la premisa de frenar el comunismo. A diferencia del resto de la región, Suramérica aparentó independencia con sus dictaduras respecto al poder hegemónico.

Contrario a la mayoría de países de la región, Colombia experimentó desde la independencia colonial patrones electorales y formalidades democráticas derivadas de las revoluciones mencionadas, reafirmadas tras el surgimiento del bipartidismo. Éste se proyectó a toda la población mediante las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX , acompañadas de hegemonías liberales y conservadoras.

La reaccionaria Constitución de 1886 —producto de una hegemonía conservadora— tuvo reformas positivas con gobiernos liberales. Sin embargo, como resultado de su ideología falangista, Laureano Gómez logró expandir el inicio de La Violencia (1946-1965) luego del asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, hace 70 años. Posterior a una dictadura civil y otra militar, hubo acuerdos que establecieron el régimen del Frente Nacional (1958-1974). Pero su ausencia de oposición democrática facilitó el fortalecimiento de guerrillas, producto de rezagos de La Violencia y estímulos de la Guerra Fría. Esta nueva violencia, alimentada por la debilidad del Estado, se diversificó con el paramilitarismo estimulado por el narcotráfico y la minería ilegal.

Ya en este siglo, surgió un remedo de caudillismo que, a diferencia de muchos países del área, había sido cercenado tras el asesinato de Gaitán. Uribe ganó la Presidencia al tiempo que el bipartidismo bajó su votación a menos del 50%. Como todo caudillo, Uribe buscó eternizarse en el poder. En 2006 logró la reelección y cuando con trampas y triquiñuelas pretendió reelegirse en 2010, la tradición democrática logró frenarlo con un fallo de la Corte Constitucional. Desde entonces ha hecho valer su neocaudillismo, apoyado de nuevo en trampas, mentiras y engaños, propagados por redes sociales producto de emergentes tecnologías de información. El triunfo de Santos —forzado candidato de Uribe— y su independencia le valieron el calificativo de traidor del uribismo. Desde ahí, la persistencia caudillista se centró en arremeter contra el nuevo gobierno y el proceso de paz que implementó.

El enredo político, con variados artilugios, culminó en la actual coyuntura crítica, con cambios por conveniencia en aspiraciones electorales y alternativas en nombre de la democracia. Pero lo persistente ha sido hacer trizas los acuerdos con las Farc por parte del uribismo y alcanzar el poder a cualquier precio, sin importar las dolencias de la sociedad: acumulación de tierras, despojo a campesinos, desplazamientos de población, extrema desigualdad social, concentración de la riqueza, incapacidad de la fuerza pública para solucionar la inseguridad y dependencia oficial de lo que fue el poder hegemónico del continente.

Entre los riesgos políticos de hoy, sobresale el afán de resurrección caudillista por interpuesta persona, sin experiencia alguna, mediante mensajes populistas destinados a atemorizar y despertar odios en un electorado voluble.

Adenda: El Senado tiene obligación moral de votar pronto a favor de convocar la consulta anticorrupción.

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