En respuesta al ex ministro Arias

El pasado domingo 19 de abril fue publicada en la edición impresa una comunicación suscrita por el ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y hoy precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Felipe Arias, en razón de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007 por parte de la Corte Constitucional.

En su escrito, haciendo gala de sus ya conocidos autoritarismo y cinismo patológicos, el señor Arias hace algunas aseveraciones que consideramos ofensivas, difamatorias y tendenciosas. Se va lanza en ristre contra los magistrados de la Corte que en derecho votaron la inconstitucionalidad de la mencionada ley; contra la institucionalidad pública del sector rural, representada por el Incoder y sus trabajadores, y contra las comunidades afrocolombianas e indígenas, burladas por él en su derecho a la consulta previa.

El ex ministro se rasga las vestiduras ante la caída del exabrupto que significó para las comunidades rurales del país la aprobación e implementación de la Ley 1152, con la que no sólo daba un entierro de tercera a la reforma agraria en Colombia, sino que además legalizaba y legitimaba la propiedad de la tierra a aquellos que la habían adquirido fraudulentamente; feriaba la soberanía y seguridad alimentarias con el desconocimiento y abandono de la economía campesina; avalaba el mantenimiento del latifundio, a partir del impulso a macroproyectos agroindustriales y la consolidación de cultivos extensivos de palma de aceite y biocombustibles; y discriminaba a las comunidades afrocolombianas e indígenas y la población desplazada, delegando su atención a otros sectores.

Se expresa el ex ministro con los calificativos más insultantes al Incoder, culpando a los trabajadores de las prácticas clientelistas, politiqueras y corruptas de las administraciones del Instituto, las cuales en innumerables ocasiones han sido denunciadas por nuestra organización, antes y después de la tan cacareada “cirugía profunda” o reestructuración que se efectuó con base en la Ley 1152, que no fue más sino una masacre laboral de inmensas proporciones. Reestructuración que fue utilizada por él y por las directivas de la entidad para administrar una maquinaria burocrática de gran magnitud al servicio de sus intereses politiqueros. Olvida el señor Arias que la gestión del Incoder en todos los aspectos: programáticos, administrativos y laborales, estuvo permanentemente, con la indebida y sistemática intervención y supervisión de la cartera a su cargo, ante la actitud sumisa de las diferentes administraciones del Instituto.

 Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Sintraincoder).

Fe de erratas

Por un lamentable error en la edición del viernes pasado El Espectador publicó equivocado el apellido del abogado Iván Cancino, uno de los apoderados de la familia Gilinski en el pleito que sostiene con Bancolombia. El Espectador ofrece disculpas por el error.

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