Por: Antieditorial

Encontrar la verdadera falla ética

Por Hernán Velandia Palomino

¿No es el momento de que los cultivadores de plantaciones ilícitas cesen su actividad para no poner en riesgo a las comunidades del entorno universal, donde sus productos procesados acaban con miles de vidas? ¿No fallan ellos ética y socialmente?

Parece el editorialista un defensor de oficio de quienes, con su insano accionar y que saben a conciencia que hacen daño, no permiten que juventudes de otras latitudes tengan derecho a una vida digna. ¿O qué es vida digna? ¿Solamente reclamar que no ataquen su infame operar, pero no hacer nada por ser ciudadanos ejemplares, que fortalecen sus valores respetando la vida de los demás? La Constitución brinda derechos pero también exige deberes.

Y ahora resulta que toda la estructura legal del Estado y la Fiscalía están en entredicho por tratar de dar solución a esta dañina problemática, que está dejando a todos los colombianos con el estigma de ser ciudadanos de un submundo que navega entre la ilegalidad y el consumo de estupefacientes.

Editoriales de El Espectador he leído solicitando se ataque el problema del cultivo de coca de raíz y cuando se pretende hacerlo aparece la amnesia de sus mismas propuestas, desconociendo la magnitud del daño que causan.

A muchas comunidades de campesinos e indígenas no les satisface ningún tipo de ayuda ofrecida por el Gobierno porque saben que el cultivo es fácil y las ganancias son altas. No se trata de arrasar con esos núcleos poblacionales, pero que evalúen si esos pequeños colectivos deben estar por encima de colectivos inmensamente mayores, que día a día pierden la vida por uso de estupefacientes y de quienes estamos siendo rotulados como indeseables en muchas partes del mundo.

Aunque el valor de una vida perdida es inmenso, la relación entre las estadísticas de muertes por uso de glifosato y las muertes por consumo de drogas derivadas de los crecientes cultivos es absolutamente abismal, a la OMS le faltó hacer este comparativo. Debe entonces el Estado hacer presencia seria con vigilancia aérea y terrestre, pero permanente y no ocasional cada vez que Estados Unidos manifiesta reporte satelital del crecimiento de cultivos, olvidándose que los principales consumidores son sus propios ciudadanos, para los cuales no hay observatorio ni estadísticas posibles.

La erradicación manual ha tomado muchas vidas de civiles y militares, sin que esta circunstancia sea tomada como referencia para que los cultivadores no sigan sembrando nuestro territorio de coca, amapola y minas antipersonales.

El Estado debe encontrar fórmulas para acabar con esta problemática, defendiendo la vida de sus ciudadanos y no solamente la de ciudadanos por fuera de la ley, analizando los efectos potenciales con el criterio no de precaución sino de prevención, para que campesinos e indígenas comprendan que esos comportamientos comerciales nefastos no son propios de sus tradiciones.

Reitero, la salud es derecho fundamental para todos, pues la ley no manifiesta que unos tienen la facultad de arrogarse el afectar la salud de otros. Ese es el verdadero debate ético.

 

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