Por: Catalina Uribe

Encuestas y prohibiciones

Ahora que la fiebre electoral fue reemplazada por la futbolera vale la pena reflexionar sobre la regulación de las encuestas presidenciales.

 Un asunto que no tiene sentido discutir sobre caliente, pero que es relevante para nuestra cultura democrática. El punto de la discordia es el siguiente: la normatividad colombiana prohíbe realizar o publicar encuestas presidenciales en la última semana de campaña electoral. Asimismo se prohíbe la divulgación de sondeos durante este tiempo.

A estas prohibiciones legales se las conoce como veda electoral o, en algunos países, como “jornada de reflexión”, pues su objetivo es permitir que los votantes hagan una deliberación más individual, concienzuda y profunda (¿?) sobre su voto. También se quiere evitar que algunas fuerzas maquiavélicas influyan en la decisión del electorado. Pero, haciendo la muy generosa suposición de que los ciudadanos efectivamente determinen su decisión por las encuestas, ¿con qué criterio se puede decidir qué información el ciudadano debe o no considerar?

Ciertas regulaciones a las campañas electorales son comprensibles. Los topes económicos (independientemente de su efectividad) se impusieron para evitar entradas exorbitantes de dineros ilícitos, sobre todo en las peores épocas del narcotráfico en Colombia. Algo de control encuentra, por ello, su justificación. Pero ¿de qué manera pueden ser las encuestas una influencia indebida? ¿Y por qué no son indebidas en las semanas anteriores, pero sí en la recta final?

Algunos las critican porque los votantes tienden a irse con la mayoría y dejan de lado opciones también válidas, por el miedo a “perder el voto”. Pero ¿no es este un factor más en la toma de decisiones de un individuo? ¿Nos es aún más invasivo decirles a los ciudadanos cómo deben tomar su decisión? ¿Desde cuándo saber las tendencias de la mayoría no es información válida para la toma de decisiones? El pulso electoral es un pulso político. Y la política es, por definición, el encuentro de intereses. De los intereses de los ciudadanos, cabe aclarar, no del interés de control del Estado.

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