Por: Fernando Galindo G.

Enemigos incoherentes de la reforma de la salud

De todas las críticas que desde diversos flancos se han lanzado contra la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, sorprenden las del presidente de Acemi.

Si el doctor Arias no fuera médico, ni exministro de Estado, ni excongresista, ni expresidente del Instituto de los Seguros Sociales, sus comentarios no pasarían de ser los de quien se exaspera cuando su negocio se derrumba.

En artículo para El Espectador (27-2-13), le atormenta que la reforma en ciernes recupere para el Estado el “monopolio” de la salud. Argumenta que “la mayoría de los entes territoriales carecen de la competencia técnica” e intimida con el trillado fantasma de la “politización y el clientelismo”. Cabría preguntarle, después de que ocupara todas esas dignidades en el sector público, ¿cuál sería su balance de las medidas que habría desarrollado para corregir los vicios, que ahora le reprocha al país?

Desperdició las cuartillas que este periódico le brindó, porque en ningún renglón imploró perdón a los colombianos por los abusos que su gremio, el de las EPS, han cometido desde 1994, ni por su participación en la aprobación de la Ley 100, como integrante que fue de la Comisión Séptima del Senado.

Cuando el Gobierno pasado resolvió subastar, por una cuantía ridícula, uno de los bienes más valiosos de la salud pública de los colombianos: la Clínica San Pedro Claver (construida y sostenida con el aporte de los empresarios y de los trabajadores nacionales), no se registró en los medios la misma desazón ni la indignación de la que ahora hace gala el expresidente del ISS.

El ministro Gaviria, por el contrario, da ejemplo de la lealtad que el servidor público le debe profesar al Estado. Enmarca la reforma en la recuperación de la relación de éste con el ciudadano, para responder por sus necesidades de protección en salud. Genera confianza cuando anuncia la creación del fondo Misalud, que manejará cerca de $20 billones anuales, para evitar los desfalcos perpetrados por las entidades privadas que hicieron fracasar el modelo amparado por la Ley 100.

Enfatiza que la reforma es “una apuesta para garantizar los derechos de la población”, legitimando la transparencia del sistema de salud mediante la eliminación de la intermediación financiera, que redundará en el libre acceso a los servicios de todos los colombianos.

La legitimidad buscada implicaría que se defina en el articulado del proyecto si la red construida por las EPS bajo la figura de la integración vertical con los recursos parafiscales le pertenece al nuevo sistema de salud pública o si a esas entidades se les avala que su patrimonio, al momento de la liquidación de algunas de ellas, se haya incrementado con los dineros públicos.

 

 

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