Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Entre avivatos

A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE algunos miembros del Gobierno por justificar el cuantioso contrato que se celebró con la multinacional Burson Masteller, dizque para que asesorara a la embajada colombiana en la aprobación del TLC en el Congreso americano, lo que va quedando claro es que ese fue un convenio marrullero, por decir lo menos.

En primer término, resulta inconcebible que Mark Penn, el presidente de la Burson Masteller, no hubiere expresado francamente sus notorias inhabilidades para asesorar al mismo tiempo a la senadora Hillary Clinton y al Gobierno colombiano. Era protuberante el conflicto de intereses, pues mal podía prestarse asesoría simultáneamente a quien quería hundir el TLC y al Estado que pretendía que se aprobara.

Lo que sorprende es que al jefe de una empresa de cabildeo no se le hubiese pasado por la cabeza que estaba faltando a sus más mínimos deberes profesionales. Se sintió aludido sólo cuando la prensa americana puso el grito en el cielo. Ante el escándalo se le ocurrió ofrecer excusas por haberse reunido con la embajadora Barco en la sede de la embajada. Semejante insulto, no lo habíamos recibido nunca, ni siquiera de Chávez.

Me pregunto si a estas horas el Gobierno de Uribe y la embajadora Barco han explorado demandar judicialmente a la Burson Masteller, como están en la obligación de hacerlo, para que resarza los perjuicios causados. Mucho me temo que no lo van a poder hacer, porque tienen un rabo de paja gigantesco. Van a tener que limitarse sólo a cancelar el contrato, por cuenta del cual ya se ha desembolsado una suma gigantesca, que no sirvió de nada, pues ahora el TLC quedó indefinidamente congelado en el Congreso americano, a pesar de las babosadas que andan pregonando funcionarios, empresarios y áulicos oficiales, sosteniendo que está vivo lo que está muerto.

En efecto, Colombia no fue sorprendida con que Mark Speen fuese asesor de Hillary, a pesar de su oposición al TLC. Aquí lo sabían Uribe y sus segundos, pero a ciencia y paciencia de esa circunstancia, decidieron contratar esa multinacional, la misma que nos hizo el favorcito de traernos a la ultraderechista Salud Hernández, otrora asesora del empresario español Mario Conde, detenido por estafador y ladrón.

Es inaceptable la excusa del ministro Plata, según la cual el presidente de la Burson “no era responsable directo de la Compañía“, es decir, que no iba a tener nada que ver con el contrato. Tal coartada es un discurso para tontos, pues si así fuera, jamás este señor habría ido a desayunar con Carolina Barco y a la embajada.

El ministro Plata ha admitido que se sabía que el presidente de esa compañía “era cercano a los Clinton”. Con esa actitud tan lagarta como irresponsable, pensaron que Hillary fácilmente iba a ser la futura presidenta de los Estados Unidos, y bajo esa ligera suposición, asumieron que la cosa con la mujer de Clinton, era lo mismo que aquerenciar a Yidis o a Teodolindo. Les salió el tiro por la culata.

Por eso ahora el Gobierno colombiano no tiene una buena causa para reclamarle nada judicialmente a la Burson Masteller, pues fue víctima de su propio invento. Nadie puede invocar en su favor, su propia culpa. A los expertos lobbistas les quedaría muy fácil demostrar que Colombia sí sabía todo.

Al menos aquí el Procurador y el Contralor podrían investigar por qué se contrató a la Burson Masteller, cuánto se pagó, o por qué Colombia no la demanda para que le paguen los perjuicios sufridos. Ahora ellos tienen la palabra.

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Adenda. Que el parlamentario Humberto Builes haya declarado en el umbral de su prisión por vínculos con paramilitares, que tomaba eso como unas vacaciones, es una ofensa imperdonable al Estado de Derecho y a la decencia. Si eso cree alguien que hace las leyes, no hay duda de que la crisis tocó fondo.

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