Por: Ricardo Gómez Giraldo*

Entre la Nasa y el inciso

LA DIFERENCIA ENTRE UN PAÍS RI- co y uno pobre no radica sólo en cosas que saltan a la vista, como los vehículos caros, las magníficas autopistas y los centros comerciales.

La diferencia de fondo —que hace sostenible esa riqueza— está en el conocimiento. Por este motivo, hoy en día, la ventaja la marcan los centros de investigación, ubicados principalmente en las universidades. Éstos, sin embargo, no pueden estar aislados de la sociedad y ésta a su vez no puede esperar que el conocimiento rompa espontáneamente las paredes y llegue para ser aprovechado.

La Nasa es un buen ejemplo: en cada proyecto para la conquista del espacio, la agencia llama directamente no sólo a centros de investigación sino hasta a decenas de pymes, para que le desarrollen cualquier utensilio necesario para un propósito determinado. A cada uno de los llamados, la Nasa les da ciertos miles de dólares para que presente cada uno su prototipo. Una vez todos lo entregan, se escogen los mejores y a ellos les dan por segunda vez otros miles de dólares. Así ocurre hasta que se tenga el producto adecuado.

En el proceso hay dos particularidades muy extrañas para Colombia. Una es que la Nasa, como entidad pública, entrega dinero que supuestamente “se va a perder” en las empresas o centros que al final no ganan, que son la mayoría. La segunda es que el procedimiento no es propiamente una licitación —como la conocemos en Colombia— sino un proceso donde prima lo técnico, no los desesperantes e ínfimos detalles jurídicos.

Brasil, la nueva potencia mundial, lleva décadas entregando recursos a grupos universitarios de investigación para fortalecer sus capacidades, muy visibles hoy en biocombustibles y en el desarrollo agroindustrial en general. Además de darle dinero a la investigación universitaria, se le contrata para hacer consultorías al respecto.

El gobierno de Corea del Sur entrega el dinero a las empresas privadas, donde hay gran proporción de sus doctores y, por ello, logran tantas patentes y mantienen altos niveles de competitividad.

En cambio, en Colombia, van al menos dos embates —en proyectos de ley— contra la posibilidad de que las entidades gubernamentales contraten consultorías directas con las universidades. Afortunadamente, con la colaboración del Ministro del Interior y la plenaria de los representantes a la Cámara, el último intento de mico se hundió en el proyecto de Estatuto Anticorrupción. También hay entidades y agencias del Gobierno que han entendido la necesidad que tiene nuestro país de fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas.

Por desgracia, algunos líderes no comprenden esta apuesta por el crecimiento de la capacidad científica colombiana. La miran sólo desde un criterio jurídico estrecho y minucioso, no con una perspectiva amplia de desarrollo de un país. Esos líderes incluso ponen a dudar a quienes, desde el Gobierno, se arriesgan a innovar.

Ojalá algún día prime en el sector público colombiano algo más que la perspectiva jurídica y se dé paso a una visión global del desarrollo, a ver si así progresamos.

* Rector de la Universidad de Caldas

 

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