Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Entre los “padres fundadores” y los abuelos de la guerra

El periodismo se encarga del hoy, de la coyuntura; no obstante, nutrir y proteger la memoria colectiva es su máxima misión. Durante esta semana, previa al Día del Periodista, se ha discutido si la censura es un riesgo real en este Gobierno. La sorpresa es que el Poder cuente con aliados a veces involuntarios para lograr su cometido, ciudadanos e instituciones que permiten amnesias, omisiones en el relato colectivo.

Alterar la memoria que se ha tratado de construir con las víctimas del conflicto es otra forma de censura, una más sofisticada que le apunta al largo plazo, a las futuras generaciones.

Sería absurdo afirmar que esas lagunas colectivas o la censura responden a una “política de Estado”; si por algo se caracterizan los prohibicionistas es por insistir en su talante “pluralista”, por victimizarse cuando alguna información incómoda escapa de su control.

Apropiarse de la memoria es la gran batalla del Poder actual. Esto supera el nombrar en la dirección del Centro de Memoria Histórica a un negacionista como Darío Acevedo (“aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”, declaró a El Colombiano), la torpe censura a Santiago Rivas, los ataques a Noticias Uno o el intento de engavetar el documental La negociación, de Margarita Martínez…

Iván Duque no tiene claro quiénes fueron los “padres fundadores”, pero conoce de memoria a los patriarcas de la Historia reciente. La tarea es limpiar el nombre de los abuelos de la guerra.

“Volver trizas” no solo significa desconocer los términos de una negociación, implica silenciar las voces que buscan ser incluidas para emprender una gran conversación como nación. Tres acciones concretas evidencian las “trizas”: nombrar como comisionado de Paz a Miguel Ceballos (cuya posición contra las soluciones negociadas fue clara en Mañanas Blu), reducir los presupuestos para la implementación y acabar con la reputación y credibilidad de las instituciones que surgieron de los Acuerdos, como la JEP (la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo hace sin tregua).

El blanco siguiente es la Comisión de la Verdad, hoy sometida a reducciones en el presupuesto, trámites burocráticos y falta de seguridad en los territorios.

No todo lo que busca erradicar o alterar fragmentos de la Historia proviene directamente del Gobierno central. Su ascenso ha empoderado el espíritu encubridor, revisionista, censurador.

Ahora resulta que indagar desde el periodismo por Hidroituango es “odiar a Antioquia”, “destruir a EPM”, ser “apátrida”: ¿hasta dónde llega el “orgullo paisa”? ¿Para amar y honrar mis raíces, mis abuelos del oriente antioqueño, la cordillera, su cielo y sus aguas, toca ser alcahueta del poder local? ¡Pocas veces he observado tanto temor a la sanción social y laboral por parte de las fuentes!

(Si de borrar la Historia se trata, la familia de Pablo Escobar será la primera en brindar tras la demolición del edificio Mónaco).

La memoria es un compromiso que trasciende al afán de las salas de redacción. Su fin superior es cuidar la vida.

 

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