Por: Cecilia Orozco Tascón

(Entregar) el país por un uribista

Este es el único país del mundo cuyos líderes políticos y de opinión se lamentan, sin vergüenza, de la condena de un corrupto. Este es el único país que piensa que 17 años de cárcel para un alto funcionario que delinquió son “excesivos” a pesar de que el monto de la pena se incrementa —en todos los sistemas judiciales democráticos y en Colombia— si el culpable aprovecha su poder y su posición oficial para engañar a la sociedad que representa; este es el único país en que “no robarse un peso” lo blinda a uno de ser juzgado y sancionado por los demás tipos penales descritos en los códigos; por ejemplo, por haberle regalado a un puñado de ricos hacendados $26.000 millones de dineros públicos destinados a “reducir la desigualdad en el campo” como se definió un propósito del programa Agro Ingreso Seguro.

Los argumentos que se dan para demostrar que el extraditado exministro del uribismo, Andrés Felipe Arias, es una víctima judicial y política no consultan la verdad procesal, ni quienes los blanden por cuanto canal tienen a su disposición han leído una sola página de las 403 que sustentan el fallo de la Corte Suprema. Y, sin embargo, se sienten doctos cuando califican “las injusticias” y “la persecución” que habría sufrido el pobre. Un pobre no tan desvalido puesto que nadie ha tenido tantos defensores mediáticos; tantos abogados listos a feriar, por él, sus credenciales profesionales; tanto poder gubernamental y legislativo dispuesto a entregar las instituciones y, más, la legalidad de la Nación por su causa, una causa individual tras de la cual se halla la Fuerza Oscura que le da órdenes al Ejecutivo, que manipula el Congreso y que vapulea la Justicia cuando esta no falla en la dirección que se le exige.

Desmontar ciertas afirmaciones repetidas N veces se convierte, entonces, en una obligación moral de quienes, sea como sea, estamos convencidos de que los principios no se ceden ni que deba entregarse “el reino por un caballo”, como en la famosa leyenda el rey Ricardo que, aplicada a este terruño, debería servir para meditar sobre la retorcida modificación de nuestros fundamentos constitucionales con el objeto de instalar una doble instancia retroactiva para favorecer a un individuo: el país por un uribista.

“El ‘cartel de la toga’ condenó a Arias”. Falso. El proceso del exministro duró tres años, de 2011 a 2014; surtió todas las etapas con asistencia de sus apoderados y sus piezas fueron examinadas por una magistrada sin una sola tacha ética, legal o disciplinaria. La Sala Penal, con ocho votos sobre nueve (uno estaba impedido), aprobó la ponencia condenatoria con el monto de la pena incluida. El “cartel” se descubrió tres años después, en 2017. Y los togados Bustos y Malo que pertenecían a esa sección, votaron a favor de la condena ante el abrumador expediente, pero consta, en la historia cotidiana, todo lo que hicieron para obstaculizar el final del proceso Arias para evitar su sanción.

“La Corte condenó a Arias porque tenía un enfrentamiento político con Uribe”. Falso. Ninguno de los magistrados que votaron la sentencia Arias representó a la Corte en las respuestas a los ataques del entonces jefe de Estado y su organismo de inteligencia, DAS. Lo hicieron los presidentes de la Corporación ninguno de los cuales fue firmante del fallo.

“Andrés Felipe Arias no se fugó. Pidió asilo político a Estados Unidos porque lo perseguían el gobierno Santos y la Corte”. Falso. La magistrada ponente no tuvo ni tiene trato con Santos ni con Uribe ni con político alguno. En cambio, Bustos era permanente adulador de Uribe en su época de mandatario. Las cortes norteamericanas y el Departamento de Justicia del ultraderechista Trump examinaron los alegatos de Arias y sus abogados en Florida durante dos años: le negaron el asilo y lo extraditaron. Mejor y más alta calificación de aprobación del fallo no existe.

“Arias fue condenado sin robarse un peso”. Cierto. Fue declarado “penalmente responsable como autor de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de peculado por apropiación (en favor de terceros) previstos en ... el Código Penal vigente...”.

Uno solo de los magistrados de la sentencia Arias presentó salvamento parcial del voto: Eugenio Fernández Carlier, hoy todavía togado de la Sala Penal. Su escrito resultó más duro que la sentencia. Transcribo una de sus frases: “Comparto la responsabilidad penal que se le atribuye a ANDRÉS FELIPE ARIAS por peculado por apropiación en favor de terceros respecto de los beneficiarios de subsidios por fraccionamiento de predios, asignación múltiple de recursos a un mismo grupo de personas o empresarial superando los topes de ley, recalificación de proyectos que no cumplieron los requisitos de ley y los reatos tentados en el caso de Abondano y Valery Domínguez”. Cinco años después, el Congreso de Uribe se dedicará a legislar para atrás, con el objeto de dar apariencia de legalidad al desconocimiento de una decisión de la máxima autoridad judicial penal del país. Colombia por un delincuente.

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2019-07-17T00:00:56-05:00

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