Por: Rodolfo Arango

Equidad de género

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECI- dirá en los próximos días si el matrimonio entre personas del mismo sexo debe ser permitido en Colombia.

Los nueve altos magistrados deben responder a una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 113 del Código Civil que restringe el matrimonio a parejas heterosexuales, dejando por puertas a gays y lesbianas que no gozarían de esa libertad contractual. Adoptada a fines del siglo XIX, la norma legal impugnada define el matrimonio como “un contrato solemne entre un hombre y una mujer”. Además, ata dicho vínculo civil a los fines de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.

En el último siglo el mundo se ha liberalizado. Muchos países garantizan igualdad de trato a las personas con independencia de sus preferencias sexuales. Hace pocas semanas, la Corte Suprema de México confirmó que las y los homosexuales puedan no sólo contraer matrimonio sino adoptar hijas e hijos, en igualdad de condiciones que las y los heterosexuales. El legislador mexicano había dado el paso que luego confirmaron los magistrados supremos al resolver negativamente la demanda promovida por el Procurador General de ese país y aupada por la Iglesia Católica.

Al lado de Argentina, México señala la dirección hacia donde se encamina la cultura igualitaria y progresista del constitucionalismo contemporáneo. No pocos ven en estas transformaciones un signo de decadencia moral. Las opiniones de quienes así piensan son bienvenidas en un mundo plural. El disenso enriquece la discusión pública. En una democracia no debe impedirse que los creyentes expongan libremente sus ideas sobre lo que consideran hace mejor a la comunidad. Otra cosa es que esas ideas triunfen en un debate constitucional. Inadmisible resulta empero la desobediencia civil por parte de funcionarios públicos que desafían las sentencias constitucionales, entre ellas la que liberalizó el aborto en determinadas circunstancias especiales como la violación, la malformación del feto o la salud de la madre. Un agente del Estado debe cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones que las interpretan o hacerse a un lado en caso de preferir sus convicciones personales a la sujeción al derecho.

La Corte colombiana no lo tiene fácil. A diferencia que en México, el Congreso no ha tomado la iniciativa de fijar el alcance del matrimonio y de la adopción. El texto constitucional que regula lo concerniente al matrimonio y a la familia es ambiguo; el artículo 42 no establece claramente lo que se permite o prohíbe. Si bien la Corte puede interpretar la Constitución a favor de quienes demandan una mayor inclusión y luchan contra la segregación y discriminación por razones de género, nuestros magistrados deberán enfrentar un problema adicional. ¿Qué hacer cuando el legislador, máximo representante de la voluntad popular en la democracia, se encuentra “cooptado” por fuerzas sociales adversas al cambio? ¿Deben los jueces actuar cuando los legisladores omiten indefinidamente regular las nuevas realidades sociales, por no querer asumir el costo político de tomar decisiones impopulares?

Por fortuna la Corte Constitucional no ha sido inferior a su misión en el pasado. En ella, así sea imperfectamente como todo lo humano, tiene lugar el foro de los principios. Mientras la democracia colombiana sigua presa del clientelismo de las “familias en acción” y bloqueada por un legislador inferior a sus deberes constitucionales, persistirá el activismo constitucional en boca de la Corte a favor de los derechos de las minorías. Por fortuna para la equidad de género.

 

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