Por: Carlos Granés

Errores que no se pagan

¿Cuántos errores puede cometer un político antes de que su carrera se desplome?

En Alemania, basta con que se detecte algún plagio en su tesis doctoral para que un ministro se quede sin empleo. Por el Parlamento y los ministerios alemanes sólo pueden deambular personas que no tienen una sola mancha en su hoja de vida. Así se reconoce una democracia madura, por el respeto a sus instituciones y los implacables mecanismos que sancionan las infracciones y, de paso, dan campo a personas nuevas dispuestas a hacerlo mejor que sus antecesores.

En Colombia no ocurre eso, desde luego, y la prueba es que los mismos nombres o apellidos se eternizan en las instituciones independientemente de los errores políticos que cometan. El instrumento esencial para castigar esos errores es el voto, pero el electorado no tiene memoria o es excesivamente comprensivo con las debilidades de quienes los gobiernan. El caso de Álvaro Uribe es paradigmático. Su trayectoria política está llena de errores, manchas y zonas oscuras, que en lugar de hundirlo políticamente parecen reforzarlo. El simple hecho de haber intentado reformar la Constitución para perpetuarse en el poder, al estilo de Fujimori, Chávez, Correa o Evo Morales, debió deslegitimarlo como político, pero no lo hizo. Y eso sin hablar del fraude cometido por sus aliados más íntimos, sobornando a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, para que se aprobara su primera reelección. No estoy diciendo que Uribe sea tramposo, sino que no le importa ganar con trampas, de la misma forma que tampoco le ha importado recibir los votos ensangrentados del paramilitarismo. Una cosa es no tener vínculos directos con estas mafias asesinas (y Uribe, hasta que un juez demuestre lo contrario, no los tiene), pero otra muy distinta es aceptar pasiva o cándidamente el apoyo de personajes que han corrompido el orden institucional del país.

Y la lista sigue: durante los años de Uribe se fraguó la falsa desmovilización del quimérico frente Cacique Gaitana de las Farc, se utilizó al DAS para espiar contradictores, se entregaron a dedo dineros públicos destinados al agro, se destaparon los falsos positivos y la Dirección Nacional de Estupefacientes se convirtió en un botín para pagar favores. Todo esto puede haberse hecho sin que Uribe lo supiera, pero en ese caso estaríamos ante un político incompetente e incapaz de prever la probidad de sus colaboradores. Sin duda es cierto que durante su mandato se debilitó notablemente a las guerrillas y los colombianos dejamos de resignarnos a convivir con las Farc como se convive con un perturbador parásito, y que la desmovilización de algunos líderes paramilitares desactivó varios escuadrones de la muerte. ¿Pero esto borra todos los errores? ¿Se le debe perdonar a Uribe el daño institucional que le hizo a Colombia permitiendo, o al menos no haciendo nada para evitar, la paramilitarización del Congreso? Durante los años de Uribe se consolidó la lógica de que quien tiene dinero y capacidad de matar, también obtiene poder político. Y Uribe, desde luego, no ha pagado por ese grave error.

 

 

*Carlos Granés

 

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