Por: Jorge Iván Cuervo R.

¿Es la JEP ilegítima?

El Centro Democrático, partido de gobierno, y sus distintos voceros han venido subiendo el tono sobre la idea de la ilegitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Consideran que se trata de un sistema que surge de un Acuerdo que fue rechazado en las urnas, el cual fue diseñado para garantizar la impunidad de los exmiembros de las Farc, y una decisión como la de no extraditar a Santrich ratifica esta percepción.

El Gobierno de Iván Duque no ha acogido plenamente esa idea, pero hace poco por enfrentarla, más allá de la retórica tradicional. El tema de la no extradición estaba entre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, y el solo hecho de que se haya considerado la declaratoria de conmoción interior para extraditar a Santrich por vía administrativa, como se lo habría propuesto al Gobierno un sector de la bancada del Centro Democrático, deja ver que desconocer las decisiones de la JEP es una opción y, con ello, un primer paso al incumplimiento del Acuerdo.

Cuando triunfó el No en el plebiscito, no se discutió cuál era el alcance de esa decisión: no se dijo que hasta ahí llegaban las conversaciones y debía volverse a la confrontación, que hubiera podido ser un escenario. No se escuchó de parte de ningún vocero del Centro Democrático que esa era la vía, nadie quería asumir el costo moral y político de decirlo. Otras propuestas estuvieron sobre el tapete, como la renuncia de De la Calle, la del propio Santos, que hubiera sido lo normal en un régimen parlamentario pero no en un régimen presidencial como el colombiano, donde hay pocas opciones institucionales para la salida del presidente de la República diferente a la renuncia.

Lo que siguió fue un diálogo con los sectores políticos que lideraron el No, un consenso sobre una cantidad de temas pero no sobre los dos más álgidos —justicia y participación política—, renegociación con las Farc en La Habana y refrendación política en el Congreso —que no suple el rechazo en el plebiscito—, paquete legislativo para reformar la Constitución —donde el Centro Democrático fue derrotado— y respaldo posterior de la Corte Constitucional, de la comunidad internacional y de los sectores de opinión que apoyaron el plebiscito y siguen respaldando la paz.

Pero en el Centro Democrático consideran que les hicieron conejo, que Santos mismo es ilegítimo —como me lo planteó el senador Edward Rodríguez en un debate en Hora 20 esta semana—, que la JEP es ilegítima, que debería derogarse como piensa el expresidente Uribe y el Gobierno tendría la suficiente legitimidad para interpretar el cumplimiento del Acuerdo a su manera.

¿Cómo salir de esta encrucijada que amenaza con extenderse a todo el período de gobierno de Duque y arrastrar con ello su gobernabilidad? El presidente propuso un acuerdo nacional, aplazado hasta tanto la Corte Constitucional no decida sobre las objeciones a la estatutaria de la JEP. Si el Acuerdo está condicionado al resultado de la decisión, parece más un chantaje que un pacto político. El expresidente Gaviria ya precisó que el Partido Liberal protegerá el Acuerdo, en el mismo sentido se ha pronunciado Aurelio Iragorri desde la U y esa es la posición de los partidos de la oposición, de suerte que será difícil para el Gobierno lograr un consenso para hacer modificaciones sustanciales, las cuales deberán contar con la otra parte —el partido FARC— para que no se configure un incumplimiento de parte del Estado.

Si la Corte reitera que las objeciones no procedían, el presidente Duque debe proceder a sancionar la ley estatutaria de la JEP y a generar un clima favorable a su funcionamiento, y en el caso de Santrich, acoger la decisión de la segunda instancia, cualquiera que ella sea.

Si sigue facturando la inconformidad de su partido con el Acuerdo contra su gobierno, puede llegar a una situación de ingobernabilidad con resultados impredecibles. Debería concentrarse en desarrollar su agenda —incluidas su política antidrogas y la recuperación de territorios hoy bajo la influencia de viejos y nuevos grupos armados ilegales—, sus prioridades de política y beneficiarse de que se haya sacado de la ecuación del conflicto al actor más poderoso.

¿Será capaz de transformarse el presidente Duque en el presidente de todos los colombianos o se resignará a ser el vocero en tono menor de su partido?

 @cuervoji

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