Por: Andreas Forer

¿Es la reparación a las víctimas demasiado costosa?

Para retomar el tema de reparación a las víctimas del conflicto, esta semana se ha podido leer en los medios de comunicación varios artículos sobre el tema.

De un lado y de una manera muy positiva, se ha hablado acerca de los avances del proyecto de ley de víctimas que ahora incluirá a aquellos que han sufrido daño por parte de agentes estatales y que su forma de reparación sea la administrativa, que resulta más eficaz y no tanto la judicial, que resultaría desproporcionada y más lenta para las víctimas. Sin embargo, de otro lado, ha hecho parte de la agenda noticiosa, un aspecto tratado hace unos meses y que representó una de las razones por la cual, se cayó dicha iniciativa y es el de los elevados costos de la reparación, puesto que: “Reparar a las víctimas en Colombia costará 50 billones de pesos”.

En absoluto esa cifra es muy grande, pero analizando el contexto colombiano y contrastándola con números igualmente escandalosos como lo son los más de tres millones de desplazados, los más de 40.000 desparecidos y otros tantos delitos que se cuentan por miles; resulta valido preguntarse si esos 50 billones de pesos son o no un valor alto o si por el contrario son relativos a la magnitud de los hechos a reparar.

Si bien esta discusión es a lugar, en tanto es deber del legislador tener claridad acerca de los dineros que afectan el presupuesto nacional, a mi modo de ver el punto clave del asunto no debe centrarse en la cifra sino en los mecanismos para conseguirla. Lo anterior, basándose en la obligación internacional que tienen todos los estados de reparar las violaciones masivas de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice claramente que las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Otras normas internacionales establecen que la reparación debe ser adecuada, efectiva y sobre todo rápida.

A pesar de no tener una tasación clara en las condenas contra el estado colombiano, la Corte Interamericana le ordenó en casos como los de Mapiripan e Ituango  pagar por daño material hasta US$350.000 por víctima, en el primero y entre US$1.500 y US$81.000, en el segundo.  

Otra experiencia de interesante comparación para Colombia está representada en un caso de desaparición forzada ocurrido en el periodo de dictadura en Paraguay, en el que el estado fue condenado a pagar hasta US$50.000 como compensación por el daño inmaterial, dependiendo del tipo de parentesco.

Si el estado colombiano no cumple con su deber internacional, en consecuencia va ser condenado nuevamente y con la posibilidad de que los valores a pagar sean incluso mayores a los 50 billones de pesos sobre los cuales se centra el debate de la reparación por estos días. En ese orden de ideas, es necesario dejar de discutir en torno a si las cifras son altas o no y propender por la aprobación de la ley de víctimas como un mecanismo que le permitirá cumplir con su obligación de reparar y sobre todo de hacerlo en control total de la situación.

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