Por: Elisabeth Ungar Bleier

Es muy difícil ser ciudadano en Colombia

Hace unos días, en una conversación posconsulta con un médico, este me dijo con cierta tristeza: “Es muy difícil ser ciudadano en Colombia”. Se refería a dos situaciones personales que estaba enfrentando. Una, relacionada con la conservación de un bosque húmedo tropical que viene construyendo hace muchos años y otra, con una fundación médica sin ánimo de lucro a la que él pertenece. En ambos casos, los obstáculos para su normal funcionamiento provienen de decisiones y dilaciones arbitrarias de las autoridades responsables de estos temas y del favorecimiento a intereses particulares y gremiales, poniendo en riesgo la supervivencia de estas iniciativas y los beneficios que generan a cientos de personas.

Algo similar ocurre cuando se abusan o se violan normas que en su espíritu buscan la protección de derechos, entre ellos los derechos políticos. A pocos meses de las elecciones regionales, varios hechos ilustran esta situación. Por ejemplo, el abuso de la inscripción de candidatos por firmas con el apoyo de los llamados movimientos significativos de ciudadanos. Este mecanismo fue establecido por la Ley 130 de 1994, “Estatuto básico de los partidos y movimientos políticos”, para enfrentar la falta de representación que sienten los ciudadanos en los partidos políticos y de esta manera promover su participación política. Sin embargo, con frecuencia no solamente es utilizado como una estrategia para darse a conocer antes del inicio oficial de las campañas, sino también para negociar avales, hacer alianzas o recibir el apoyo de partidos políticos, lo cual contradice la intención primaria de la figura. Además, los candidatos inscritos por firmas no están obligados a rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento y por ende no hay controles sobre el origen y destino de los recursos. Como afirmó un miembro del CNE: “Si un candidato recoge firmas y luego consigue un aval con un partido, le está haciendo trampa a la democracia”.

Otro ejemplo es el flagrante abuso de las curules especiales para afrodescendientes, que pretenden garantizarles representación en el Congreso a organizaciones y personas de esas comunidades. No obstante, al amparo de esta figura, partidos como ADA (Alianza Democrática Afrocolombiana) o el PRE (Partido de Reivindicación Étnica) recuperaron este año su personería jurídica, y a julio de este año habían entregado más de 3.500 y 2.000 avales respectivamente. ¿Cómo se explica esta avalancha de candidatos, muchos de los cuales no son afrodescendientes ni tienen nexos con sus organizaciones? ¿Cuáles son sus expectativas frente a los comicios, qué les han ofrecido y a qué se han comprometido los aspirantes y los directivos de estas agrupaciones creadas a pocos meses de las elecciones? ¿Tuvieron estos partidos suficiente tiempo para verificar sus antecedentes, muchos de ellos seriamente cuestionados?

En contraste con lo anterior, el Congreso se negó a aprobar las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes, desconociendo no solamente lo establecido en el Acuerdo de Paz, sino una oportunidad excepcional para que los representantes de miles de víctimas pudieran defender sus derechos.

Estos tres ejemplos ilustran por qué para tantos ciudadanos son tan esquivos los derechos a elegir y ser elegido y a ejercer una ciudadanía activa y participativa. O como decía mi médico, por qué es tan difícil ser ciudadano en Colombia.

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2019-08-15T00:00:52-05:00

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