Es una orden

La orden máxima que debe obedecer Iván Duque en su franquicia presidencial es el boicot a toda costa de la Justicia Especial para la Paz. El jefe supremo del partido que lo dio la silla y el título oficial del poder sabe, desde los primeros avances del proceso en La Habana, que su culminación desembocaría en la verdad pública de todos los excesos y los crímenes que se cometieron desde todos los bandos, y que los nombres responsables por jerarquía y participación en la putrefacción de la guerra deberán responder finalmente ante un estrado de justicia particular. El uribismo sigue negando su participación en los años más crudos del desmadre, y nunca aceptará públicamente que en el tiempo de su aparición los muertos alcanzaron los tópicos más altos de la historia del conflicto, y que las hordas de paramilitares barrieron todos los pueblos con el silencio y la complicidad estatal jugando en las plazas con las cabezas de los sospechosos, y que sus generales más fieles esperaban que los pueblos quedaran arrasados para llegar a categorizar la subversión disminuida aunque fueran pocos los culpables reales, y que un gran número de las desmovilizaciones de esas hordas fueron ficticias. La fuga eterna del comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sigue avalando esa verdad.

Pero la orden es clara y explícita ahora que retomaron el poder y tienen la influencia burocrática y los métodos conocidos durante los 200 años de la vigencia estatal de la derecha: “bueno objetar la JEP, pero mejor elimínenla”, dice el suprapresidente incuestionable desde su trono de niebla. La orden es fundamental y prioritaria entre todas las órdenes de una metodología sistemática para contrarrestar los efectos de la memoria: posicionar un negacioncita en el Centro de Memoria Histórica, prohibir libertad de catedra en instituciones educativas y desobedecer toda instrucción o mandato de las altas cortes que los exponga en la palestra pública de la responsabilidad.

El fiscal general, hundido en el barrizal de esta historia hedionda, intenta defenderlos de las órdenes de una nueva Justicia que los relega y los desestima en su dominio todopoderoso de la ley. En su reciente misiva cuestiona sentencias de la corte en una pose de emperador y pide objetar la JEP con sugerencias ajenas a los fallos. Lo hacen en conjunto porque el establecimiento, estructura  amparada por su propia impunidad, se encuentra al borde del colapso por las nuevas direcciones de la verdad y la reparación donde caerían todos con el andamiaje de los millares de investigaciones engavetadas en los despachos del silencio. Lo harán aunque les cueste la vergüenza mundial, ahora que la Corte Penal Internacional y su fiscal, Fatou Bensouda, les ha señalado la urgencia de respetar los acuerdos y la legalidad de los pactos.

El paso a seguir del subordinado presidente Duque será hacer uso de la retórica para objetar la JEP por inconveniencia aduciendo sesgos ideológicos y excesos contra agentes del Estado que consideran símbolos sagrados de un Estado infalible. La objeción por inconveniencia no será más que otra dilación mientras intentan ajustar otras mordazas y otros métodos de censura para evitar que su imperio ultramontano se derrumbe y esa herencia antigua de la colonia  que les permite vivir aun entre burbujas monárquicas de sangre azul se evapore entre sus dedos. No lo permitirán, y la objeción no es una sugerencia amable del tutor del poder: es una orden.