Por: Luis Carvajal Basto

Ese no era

Parece existir un tácito consenso en que el ajuste de varias normas constitucionales es indispensable. Pero mientras ello ocurre no se puede paralizar el sistema de selección de altos funcionarios, como el contralor general de la republica, estableciendo vetos si no es escogido el predilecto de cada quien.

A estas alturas del desarrollo Constitucional tenemos claridad acerca de los efectos nocivos de algunas figuras que han generado hechos palpables y lamentables de politización en la justicia. Por principio, ni siquiera los mismos magistrados se encuentran conformes con una tarea dispendiosa que les quita parte valiosa de su tiempo. Después, el intercambio de favores, que tipifica conductas clientelistas, descalifica un instrumento que, en teoría, era mejor que cualquiera para los constituyentes. Vivir para ver, podemos decir, solamente, dos décadas largas después.

Lo más conveniente sería que funcionarios como el contralor o el procurador general fuesen escogidos mediante voto popular, en fechas diferentes a la elección de presidente y alcalde, si se tratara de restar concentración de poder en el ejecutivo y establecer un control político más efectivo como lo establece la Constitución del 91, pero ello no es todavía posible faltando una amplia discusión que haga factibles nuevos consensos. En el caso de la elección de contralor y personero, en ciudades como Bogotá, es más fácil observar las características perversas del actual sistema, como quedo en evidencia con el carrusel de la contratación.

Sin embargo, peor que la enfermedad puede ser un método de vetos públicos a los seleccionados para entorpecer el procedimiento, como parece ocurrir ahora, pasando por encima de las normas que tenemos disponibles. Hoy, se trata del ex procurador Edgardo Maya y de la Corte Constitucional. Mañana puede ser cualquiera. El sistema no se puede paralizar generando un manto de dudas.

La naturaleza de la política tiene que ver con intereses de personas o grupos de ellas. La regla de mayorías con que se selecciona en cada corte hace dispendiosos y largos los procedimientos. En el Consejo de Estado hemos tenido, en el pasado, 60, 70 o más rondas de votaciones antes de terminar con éxito los procesos de selección. Los cuerpos se fraccionan dependiendo de los claustros de origen de los nominados, su lugar de nacimiento y, también, debe decirse, su filiación partidista. Al fin y al cabo son juristas, personas, y no entidades celestiales los encargados de asumir las decisiones. Por otra parte, hemos dicho, la cantidad de expedientes acumulados y la limitación de recursos disponibles chocan con una óptima labor de selección.

El proceso surtido en la Corte Constitucional es, en realidad, una pre selección. Tramites similares deben darse en otras dos altas cortes. El constituyente supuso, con razón, que el establecimiento de estos filtros mejoraría la calificación de los seleccionados. De eso se trata y es el congreso quien tiene la última palabra. Allí, también será una decisión política y, como se dijo arriba, es un proceso que podría ser más democrático si recurrimos al elector primario. Pero eso debe hacer parte de uno más amplio de reformas que le den un necesario revolcón al sistema político incrementando la participación y “descargando” de este tipo de encargos a las altas cortes.

Cuestionarlos, mientras tanto, parece más propio de malos perdedores o diferencias personales.


@herejesyluis 

 

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