Por: Cartas de los lectores

Esguerra y la tutela

Celebra el editorial el nombramiento del doctor Juan Carlos Esguerra como ministro de Justicia. Yo también lo celebro desde el punto de vista de sus virtudes personales.

Pero la verdad es que representa una amenaza para la acción de tutela como instrumento de defensa privilegiado de los derechos constitucionales fundamentales de las personas. En su libro La protección constitucional del ciudadano (Legis) presenta un extenso alegato contra la acción de tutela en relación con las sentencias judiciales, de un lado, y contra la posibilidad de ser utilizada como acción principal cuando los mecanismos alternos no son suficientemente eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. En ambas tesis se aleja de la doctrina de la Corte Constitucional y aun del texto de la Carta que en su artículo 241 numeral 9 dice textualmente que la Corte Constitucional cumplirá la siguiente función: “Revisar, en la forma que determine la Ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”. No establece excepciones este artículo. Tampoco el a. 86 que consagra la tutela para la defensa de los derechos humanos, permítaseme llamarlos así, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Al mismo tiempo que se aprobaba el numeral 9º del a. 241 se eliminaba, en la Constituyente, una excepción al concepto de cualquier autoridad pública, que pretendía excluir de su radio de acción las sentencias de los jueces. No hay duda, pues, de la procedencia, hoy, de la acción de tutela contra sentencias judiciales.

¿De qué lado va a estar el ministro Esguerra: Del lado de la Corte Constitucional y de lo que el gobierno Santos ha venido defendiendo hasta ahora, es decir, la procedencia de la tutela frente a sentencias judiciales violadoras de derechos constitucionales fundamentales como el de defensa, por ejemplo; o del lado de lo que ha escrito en su libro, que es la misma posición de las otras altas cortes? Es un dilema inexorable que es necesario despejar a la mayor brevedad posible. Porque no es de poca monta para el ciudadano de a pie víctima de todo tipo de atropellos a sus derechos constitucionales fundamentales por parte principalmente de la Rama Ejecutiva del poder público y a veces de la Judicial y frecuentemente de las EPS, y de las instituciones encargadas de los reconocimientos de pensiones como el ISS.

Y lo digo de esta manera porque según el mismo doctor Esguerra, y así lo sostiene en el mismo libro, la acción de tutela no procede contra ningún acto u omisión de autoridad pública cuando el ciudadano tenga otro medio de defensa judicial, así este medio de defensa no sea eficaz para la defensa de sus derechos denegados, o tan eficaz como la tutela, contrariando, también en este punto, la doctrina de la Corte Constitucional.

Rogelio Hernández. Bogotá.

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