Por: Hernán Vallejo G.

Estabilidad jurídica vs mejores prácticas regulatorias

Los contratos de estabilidad jurídica en Colombia, establecidos con la Ley 963 de 2005, han sido objeto de controversia reciente, en parte por sus efectos desde el punto de vista de la tributación, el recaudo fiscal y la equidad.

La estabilidad jurídica es deseable ya que reduce la incertidumbre a la hora de tomar decisiones de inversión.  Sin embargo, dado que la regulación es por su naturaleza misma imperfecta en un mundo cambiante y complejo, vale la pena preguntarse si es bueno hacer estable algo que -por definición- se puede mejorar continuamente.

Una alternativa a los contratos de estabilidad jurídica es establecer un mecanismo creíble de mejores prácticas regulatorias. Su aplicación no es trivial ni instantánea, pero ya existen importantes esfuerzos en este frente. Por ejemplo, hace más de una década la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo OECD estableció el Análisis de Impacto Regulatorio y con ello unos principios de mejores prácticas regulatorias.

Por ejemplo, el segundo de estos principios establece que la regulación debe ser evaluada y revisada periódicamente para verificar que cumpla eficiente y eficazmente con los objetivos en ese ambiente económico y social cambiante y complejo.  Los contratos de estabilidad jurídica ofrecidos en Colombia hasta por 20 años, pueden llegar a ser obstáculos para la aplicación de este principio.
El tercero de estos principios establece que la regulación, las instituciones regulatorias y los procesos regulatorios no deben ser discriminatorios.  Las zonas francas y la escogencia de sectores de clase mundial, no cumplen con este principio.

En general, cada vez que una regulación se va a aplicar, la misma debe cumplir con una serie de requisitos, como algún tipo de análisis costo beneficio, transparencia, participación de los interesados y prevalencia del interés general.  Fuera de eso, se pueden canalizar esfuerzos para aprovechar mejor la capacidad regulatoria del gobierno.  Por ejemplo en Australia, la Oficina de Mejores Prácticas Regulatorias se encarga de apoyar a las demás dependencias del Estado en esa función.

Si se quiere promover la inversión, se necesitan muchos elementos como tener un manejo fiscal, monetario y cambiario competente y responsable, y tener seguridad física, intelectual y regulatoria. Pero tal vez más importante que tener estabilidad jurídica es tener un diseño institucional creíble que deje claro que en el país la regulación cumple con los más altos estándares mundiales.

En este sentido, dos mecanismos que deberíamos considerar –mientras logramos tener las condiciones necesarias para ser miembros plenos de la OECD- son primero, que Colombia adopte los instrumentos del Análisis de Impacto Regulatorio de esa organización –por ejemplo a través del Departamento Nacional de Planeación.

Segundo, podríamos solicitar que la misma OECD le haga a Colombia periódicamente un informe de país (country report) sobre manejo y reformas regulatorias, no sólo para que nos critiquen, sino para que nos aporten de la forma más profesional, global y contextualizada posible, ideas sobre cómo mejorar nuestra regulación a todo nivel, y poder hacer un seguimiento con estándares internacionales sobre este importante tema.

Establecer un mecanismo de este tipo contribuiría a promover la inversión nacional y extranjera, al aumentar la transparencia y los estándares, ayudando así a que el Estado cumpla de una mejor manera su función. Esto es algo en lo que debería centrarse la atención, más que en debates interminables y estériles sobre si los bienes y recursos deben ser asignados por el Estado o los mercados.

Profesor, Universidad de los Andes

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