Por: Rodrigo Uprimny

Estado ¿de derecho?

PUEDE SER ÚTIL VER LOS VÍNCULOS entre las dos noticias más importantes de las últimas dos semanas: el espectacular rescate de los secuestrados y la riesgosa reacción presidencial contra la sentencia de la Corte Suprema en el caso Yidis.

Ambas noticias muestran dos facetas distintas pero complementarias del gobierno Uribe, que han conducido a que en Colombia haya ahora más Estado que hace algunos años, pero también menos Estado de derecho.

El audaz rescate de los secuestrados es una excelente noticia, que nos alegra a los colombianos, no sólo porque permitió la liberación de personas que llevaban años sometidas a vejámenes injustos por las Farc, sino además por la pulcritud y astucia del operativo del ejército.

Este rescate muestra los logros innegables del gobierno Uribe en términos de seguridad. Ahora la Fuerza Pública tiene mucho mayor control del territorio que hace diez años, lo cual es una buena noticia, pues es indudable que, como lo dijera el sociólogo Max Weber, el presupuesto mínimo de la existencia de un Estado es que las autoridades logren el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio. Hoy en cierta medida tenemos más Estado que hace unos años.

Ojalá las Farc tomen conciencia de ese hecho y del rechazo generalizado de la sociedad colombiana al secuestro, que es una práctica atroz e inaceptable desde todo punto de vista, y liberen a los otros secuestrados. Esa liberación podría ser el primer paso para un eventual proceso de paz con esa guerrilla.

Esa faceta positiva del gobierno Uribe se ve sin embargo profundamente empañada por la segunda noticia, que es la reacción presidencial contra la sentencia de la Corte Suprema en el caso Yidis.

Es obvio que un presidente puede discrepar de una decisión judicial y que la labor de los jueces debe ser evaluada por la opinión pública. Pero en un Estado de derecho es inaceptable que el gobierno intente cuestionar una sentencia penal, recurriendo a su popularidad electoral, pues la culpabilidad o no de un procesado no es un asunto que se decide por votación ciudadana. Más grave aún es que el gobierno, sin ninguna prueba clara, acuse públicamente a los magistrados de la Corte Suprema de connivencia con terroristas y de justicia selectiva.

Esta reacción presidencial es riesgosa pues desconoce la separación de poderes y erosiona la independencia judicial. Ese hecho muestra además una faceta preocupante del gobierno Uribe, que es su tendencia a despreciar los límites jurídicos e institucionales a sus proyectos. Ese estilo gubernamental, junto con la reelección, han producido un debilitamiento de los contrapesos al poder presidencial y una desinstitucionalización creciente. Las decisiones públicas están cada vez más concentradas en el presidente. Por eso hoy, aunque tal vez tengamos más Estado que hace unos años, paradójicamente tenemos menos Estado de derecho y menos separación de poderes. 

Ahora bien, un Estado de derecho sin un poder consolidado territorialmente que lo sustente no es una buena cosa; las libertades ciudadanas propias del Estado de derecho se tornan en parte ilusorias, pues sólo operan en aquellas zonas que las autoridades logran controlar efectivamente. Pero un Estado fortalecido, pero sin el contrapeso de las restricciones jurídicas del Estado de derecho, no es tampoco una buena noticia. Y es que, como bien lo mostró Bobbio, sin Estado de derecho (una de cuyas bases es la independencia judicial) no existe una democracia verdadera, por popular que sea el gobierno, pues las libertades ciudadanas, que son el presupuesto de la democracia, no están aseguradas. En ese caso habría a lo sumo un autoritarismo plebiscitario.

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