Estado de derecho y estado de emergencia (II)

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La semana anterior comenté el primer panel del foro que, con el mismo título de esta columna, organizó la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ahora resumo el segundo titulado: “Hacienda pública, tributación y servicios públicos en el estado de emergencia”. Tuvo como ponentes a los académicos Lucy Cruz de Quiñones, Juan Camilo Restrepo Salazar, José Antonio Molina Torres y a Rafael Rodríguez-Jaraba. Al final se suscitó un amplio debate, a partir de diversas posiciones jurídicas y doctrinarias propias de un organismo plural, como la misma Academia de Jurisprudencia.

El académico Restrepo expresó que a diferencia de crisis anteriores, que trastornaron peligrosamente al sector financiero, la actual está afectando al sector real de la economía con graves efectos sobre el empleo. Parecería que el gobierno comenzó improvisando en materia fiscal. Según el ministro de Hacienda, la crisis podía resolverse sin necesidad de acudir a endeudamiento alguno. Sin embargo, quince días después se decretó la emergencia y apareció el controvertido decreto Nº 444 para arbitrar 14.5 billones de pesos. Luego la Comisión Asesora de la Regla Fiscal decidió incrementar los niveles del déficit, de manera que en menos de dos meses los aforos de las necesidades pasaron de cero a 67 billones de pesos.

¿Cómo se va a financiar ese déficit? El ministro insinuó la posibilidad de una nueva reforma tributaria, pero su solo enunciado resulta trágico. Probablemente habrá que golpear las puertas de organismos multilaterales e incluso, acudir a créditos del Banco de la República. En cualquier caso, tendrán que cubrirse esos pasivos. Pero hay algo adicional que se puso de presente en el debate al final del panel: las medidas tomadas por el gobierno están diseñadas para una economía formal. Sin embargo, la mitad de la población colombiana vive en una economía informal, que no cabe en aquella. Habrá que pensar en respuestas heterodoxas, o el país será incapaz de superar sus crisis y de ofrecer opciones esperanzadoras a sus ciudadanos.

La académica Lucy Cruz de Quiñones abordó el tema tributario frente a lo que llamó una aguda crisis económica, que va mucho más allá del problema de salud. Señaló que el recaudo disminuirá en términos cercanos al 7.6 del PIB. Analizó la relación de las medidas con los hechos, y criticó las decisiones que lesionan el artículo Nº 294 superior que atribuye a los entes territoriales autonomía para conceder exenciones sobre los tributos de su propiedad; así mismo reflexionó sobre el impuesto solidario que recae sobre los funcionarios públicos, con salarios superiores a diez millones de pesos, a los cuales se les fijó una elevada tarifa que llega a la quinta parte de su ingreso.

También se refirió al gravamen sobre las pensiones. Este es un complejo debate que se viene aplazando desde hace varios años. A su juicio, las pensiones son susceptibles de gravamen como lo muestra el derecho comparado, siempre y cuando se proteja el mínimo vital para que el impuesto no resulte confiscatorio. Pero la adopción de semejante gravamen debe ser producto de una ley ampliamente debatida en el seno del Congreso nacional. También al final del panel se polemizó sobre la inequidad que supone equilibrar los trabajadores que reciben el 100% del salario, con los pensionados que apenas reciben el 75%, a sabiendas de que éstos últimos tienen a su cargo una alta contribución a salud, y un gravamen con destino a unas subcuentas del Fondo de solidaridad pensional al cual se refieren las leyes Nº 100 de 1993 y Nº 797 de 2003.

Por su parte, el académico José Antonio Molina, destacado tratadista en la materia, hizo un amplio análisis de los servicios públicos domiciliarios en tiempos de pandemia. Se refirió al acueducto, al alcantarillado, al aseo, a la energía y al gas combustible. Sugirió incrementar en un 15% el volumen de metros cúbicos de consumo básico de agua potable y propuso modificar la fórmula tarifaria, de manera que disminuya su valor y se aplique el principio de solidaridad en favor de los usuarios en todos los servicios públicos domiciliarios.

El académico Rodríguez-Jaraba, en su condición de profesor de derecho financiero, se refirió a los intereses del crédito bancario: cuyos niveles son tan onerosos en Colombia que se hace necesario revisar la metodología existente para fijarlos. En ese marco propuso que el cálculo de las tazas de colocación tenga como base el DTF y no el IBC. Los bancos mantendrán la libertad para fijarlas, pero dentro de niveles razonables que consulten la aguda problemática de esta desaceleración económica. Agregó, finalmente, que el Estado debe ser respetuoso del mercado, de la iniciativa privada y de la libertad de asociación empresarial, pero que no puede tolerar prácticas que abusen o desnaturalicen el sentido de servicio que también debe acompañar a una sana intermediación financiera.

La Academia organiza, para las próximas semanas, otros foros sobre la situación carcelaria y sobre las contrataciones, cuyos meandros demandan análisis y exigen debates que ayuden a conjurar los peligros que, en el actual estado de emergencia, asechan al Estado de derecho.

@inefable1

* Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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