Por: Pascual Gaviria

Estado de malestar

El Estado exhibe siempre, aunque sus funcionarios se vistan con chalecos coloridos, un aura de celebridad y ceremonia.

Llega entre expectativas y rechiflas, pone el marco de sus condiciones en la forma de un manual incompresible y fija unas metas casi siempre alegres. Algunos abogados, algunos malandros, algunos burócratas se ofrecen como traductores de las instrucciones públicas. Lo usual es que la realidad esté unos pasos adelante y el Estado se defienda con su manual como escudo mientras intenta hacerse una idea de los problemas sobre el terreno. El escepticismo es el mejor consejero frente a sus intervenciones, bien sean de palabra o de obra. Los diagnósticos y los juicios diarios tienden a darle más posibilidades de las que realmente tiene. Las oficinas públicas son, en el mejor de los casos, agencias de soluciones a medias.

La llegada del Estado con sus buenas intenciones, su ingenuidad y sus límites implica siempre la aparición de nuevos problemas para arreglar viejos problemas. Algunos ejemplos. La Alcaldía de Medellín piensa construir un “Cinturón Verde” en las laderas de la ciudad para marcar un límite al crecimiento urbano en zonas de riesgo y de reserva ambiental. Los simples censos en la montaña han abierto el apetito de quienes tienen dominio armado en los bordes de la ciudad. Los combos han comenzado a interesarse por los ranchos y el precio de los desfiladeros ahora está en las planillas del municipio. En el barrio Villatina ya se comienza a hablar de desplazamientos y lo que en principio requería una sola oficina ahora tiene en acción a la Policía, la Secretaría de Seguridad, la Unidad Municipal de Atención a las Víctimas. Para muchos, el “Cinturón Verde” será sólo un punto de apoyo para que el crecimiento avance hacia la cima mientras los “administradores” de todos los días consolidan su dominio de los miradores sobre Medellín.

El ejemplo se repite con los presupuestos participativos que alentaron el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y otras organizaciones comunitarias. La idea era quitarles protagonismo a los intermediarios políticos y que la gente pudiera decidir de manera directa sobre inversiones en sus comunas. Pero el veneno de la realidad es inevitable y muy pronto los pillos estaban jugando al liderazgo social para conseguir rentas y manejar obras. El programa se ha defendido con pies y manos, pero el blindaje frente a los ilegales no es completo. En el plano nacional las consultas previas a las comunidades indígenas y afros han convertido lo que era una garantía a las minorías en una especie de mecanismo de extorsión. Las comunidades indígenas comienzan a multiplicarse y en muchos casos las discusiones sobre efectos sociales y ambientales se han convertido en pequeñas guerras electorales y presupuestales. Llevar una segunda línea eléctrica a Buenaventura, por ejemplo, ha sido imposible por ese forcejeo absurdo. Ni qué decir de lo que pasó en Porce IV, donde la construcción de un proyecto hidroeléctrico acabó creando un pueblo a orillas del sitio donde se levantaría la presa.

Tal vez los efectos de las regalías sobre los municipios productores sean el ejemplo más claro de las perversidades que pueden arrastrar las oficinas públicas. Las regalías han cambiado la forma de hacer política, han creado castas de burócratas y empresas familiares de contratistas, pero los pueblos siguen siendo más o menos iguales.

 

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