Por: Salomón Kalmanovitz

Estado débil

SORPRENDE QUE LOS RESULTADOS de un estudio del Brookings Institution sobre estados débiles no hayan sido discutidos ampliamente en Colombia. El índice de debilidad estatal coloca a Colombia en el segundo quintil peor de los 141 países considerados, ocupando el lugar 47.

El índice considera variables económicas, políticas, de seguridad y de bienestar que intentan establecer si los países cuentan con “la capacidad o la búsqueda de un ambiente que conduzca a un crecimiento económico sostenible y equitativo; si cuentan con instituciones políticas legítimas, trasparentes y responsables; si protegen a su población del conflicto y controlan el territorio; por último, si garantizan las necesidades básicas de la población”. En política se considera si existe violencia incentivada o tolerada por el Estado y abusos contra los derechos humanos.

Las medidas de seguridad en cada país incluyen intensidad del conflicto, estabilidad política y ausencia de violencia, abusos abiertos de derechos humanos y territorio afectado por el conflicto durante el período 1992-2006, pero ponderando con mayor peso los últimos dos años. Es en esta variable que Colombia se raja con una nota de 1,78 sobre 10 y es lo que hace disminuir su nota total a 5,63.

Uno se pregunta por qué el índice no registra la mejora notable defendida tan vehementemente por la administración Uribe. El gasto en seguridad en 1992 era de 2% del PIB y hoy supera el 6% del mismo, las Farc han retrocedido en buena parte del territorio y, por lo menos, se han alejado de las zonas más habitadas del país, el Eln está diluido y las organizaciones paramilitares con mando político se han desmovilizado. Sin embargo, vastos territorios selváticos y fronterizos no son controlados por las fuerzas militares del Gobierno, las llamadas bandas emergentes de paramilitares depredan importantes núcleos de población, el país sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, hay francos abusos en las actuaciones del ejército, que exhibió connivencia con los paramilitares, y se han dado cientos de asesinatos de dirigentes sindicales. Hay una población desplazada de 4 millones de personas y varios de sus dirigentes han sido también asesinados, incluso recientemente.

La nota obtenida en política es de 5,79 y sospecho que el índice no incluye el respeto por la Constitución y por la división de poderes de parte de los gobiernos. Si lo hiciera, es seguro que la nota de Colombia bajaría considerablemente con los cambios a la Constitución perpetrados por el propio Ejecutivo para que el Presidente pueda ser reelegido indefinidamente y por haber empacado las cortes y los organismos de control con partidarios.

La economía recibe una calificación de 5,84 por el magro crecimiento de los últimos 15 años y, en especial, por un aumento exponencial de la desigualdad en la distribución del ingreso, que se ha agravado incluso después de impuestos con las políticas tributarias a favor de los ricos de la administración Uribe.

Una nota que produce optimismo es la recibida por la variable bienestar, de 9,11, que refleja los aumentos de coberturas en salud, educación, servicios domiciliarios y vivienda que han sido resultado, entre otras cosas, del cambio estructural provocado por la Constitución de 1991 y el aumento sustancial del tamaño del Estado colombiano.

*Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

 

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