Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Estado sin opción

En 2008 los debates políticos en Colombia y Venezuela se sincronizaron. A mediados de año Chávez y Uribe habían tenido una de sus tantas reconciliaciones luego de una de sus tantas descalificaciones. El arreglo se selló con las risas cara a cara y las palmadas en la espalda ante un cuadro de Bolívar en la península de Paraguaná: “Hay que retomar el camino…”, fueron las palabras comunes. Y es verdad que siguieron el mismo sendero. Chávez comenzó a apoyar la idea de Roberto Hernández, congresista y mandadero presidencial, de convocar un referendo con una pregunta muy simple: “¿Está usted de acuerdo con realizar una enmienda a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permita la reelección continua?”. Luego de su única derrota electoral en 2007, cuando pretendía cambiar buena parte de la Constitución vía referendo, Chávez buscó revivir el articulito que le permitiría continuar en el poder luego de 10 años de mandato: “Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección como presidente de la República”.

En Colombia en 2007, un congresista y mandadero presidencial, Luis Guillermo Giraldo, soltó una frase memorable: “Ningún ejército cambia a su general cuando está ganando la batalla”. Con esas palabras comenzó a juntar la soldadesca política para promover un referendo que permitiera un tercer periodo de Álvaro Uribe. El Gobierno se declaró indiferente como lo hizo Chávez en un primer momento. Pero en octubre de 2008, dos meses después de que se entregaron los cinco millones de firmas ante la Registraduría, un intrigante concepto jurídico apareció en todos los discursos oficiales: el Estado de opinión. Uribe tenía algo más del 70 % de popularidad y no estaba dispuesto a resignarse con ocho años, su plan hablaba de una Colombia renovada el 7 de agosto de 2019, en el bicentenario de la Independencia. El 7 de octubre soltó por primera vez en un discurso su engendro político: “… un gran equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa busca concederle, todos los días, más importancia a la participación ciudadana; le asignamos, desde el Gobierno, toda la importancia al control de opinión. El control de opinión que finalmente es el control que va a caracterizar en el desarrollo, presente y futuro, al Estado de derecho”. Seis meses después el esperpento se había mencionado en 103 discursos, documentos y entrevistas oficiales, y Fabio Valencia, ministro del Interior, ahora decía que al Gobierno sí le interesaba el articulito.

Chávez logró su objetivo y a Uribe lo atajó la Corte Constitucional que hoy califica como burocracia judicial que ayuda a derrocar el Estado de derecho.

Según la encuesta Datexco de abril pasado, Uribe tiene un 38 % de opinión favorable. Los días de los aplausos generalizados como jinete de ocasión han pasado. Pero ha comenzado a invocar de nuevo el “Estado de opinión”. Un mandadero periodista tiene las planillas para convocar un referendo contra la justicia transicional y las cortes. Ahí están las dos obsesiones del senador: la justicia especial derivada del Acuerdo con las Farc y la sentencia sobre dosis mínima. Uribe siente que esas dos banderas, “y el clima de descontento ciudadano que se está creando”, pueden volver a situarlo en el pedestal de la opinión. Busca dos salvavidas y una aguja para chuzar la “delicadeza” de su pupilo. Clama y languidece.

 

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2019-06-18T15:37:04-05:00

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