Por: Arlene B. Tickner

Estados de excepción no tan excepcionales

El 13 de noviembre se conmemoraron dos años de los ataques terroristas en París que llevaron a declarar un estado de emergencia cuya prolongación hasta este mes ha provocado airados debates y protestas en Francia, y críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas y Amnistía.

Pese a ello, muchas de sus disposiciones extrajurídicas ya fueron convertidas en ley antiterrorista permanente. Desde inicios de 2015 la respuesta general de los países de Europa Occidental a la violencia perpetrada o patrocinada por el Estado Islámico ha sido la adopción de medidas excepcionales, consistentes en la ampliación del poder ejecutivo y policial, la erosión del control judicial, la afectación de las libertades civiles y la prohibición de las expresiones de odio, y que han afectado de manera desproporcional a los musulmanes y extranjeros.

Algo similar a lo ocurrido en Estados Unidos, cuyo Acta Patriota de 2001 validó la creación de cárceles clandestinas, la tortura y los asesinatos selectivos.

Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, dichos estados de excepción no son una anomalía sino una forma paradigmática de gobierno inaugurada por la democracia liberal moderna y que se ha globalizado desde el siglo 20. En 1996, por ejemplo, 147 países los contemplaban en sus constituciones y 20 años después, estaban en efecto formalmente (y por razones no relacionadas con desastres naturales) en Chad, Egipto, Etiopía, Francia, Gambia, Malí, Túnez, Turquía, Venezuela y Yemen.

Consisten en la suspensión del estado de derecho por parte del soberano con miras a posibilitar el recurso a medidas extraordinarias para enfrentar alguna amenaza. La ilegalidad legal resultante permite al Estado crear zonas de indistinción en donde la condición política y social de quienes han sido identificados como “enemigos” se suspende y éstos pueden ser tratados como excluidos del dominio de la ley (o “nula vida”) de manera legal.

De allí que Agamben asemeja el ejercicio de la soberanía con un campo de concentración en donde el Estado normaliza la excepción con miras a colonizar la vida misma y a ejercer la biopolítica. En tal situación de actividad estatal extralegal pero jurídicamente validada —característica de muchas democracias hoy—, toda persona es una excluida de derechos legales (o homo sacer) en potencia, como bien se observa en las arbitrariedades cometidas en nombre de la “guerra” contra el terrorismo y el crimen organizado, y las políticas migratorias del Norte.

En contextos autoritarios, el riesgo de ser declarado “enemigo” por parte del soberano es aún mayor, como lo muestra la Ley contra el Odio aprobada en Venezuela por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta puede entenderse como una generalización de la excepción, ya que autoriza a las autoridades imponer multas y penas a cualquier persona o medio de comunicación que promueva el odio y el racismo, según el juicio del mismo Estado sobre qué constituye un lenguaje ofensivo.

Cabe la pregunta, con base en estos planteamientos, si el uso de la figura de excepción por parte del Gobierno colombiano como un Plan B para salvar el proceso de paz, y de paso, defender los derechos de su antiguo “enemigo terrorista”, debería considerarse otra expresión más de las tendencias mundiales descritas o más bien un vuelco innovador.

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