Por: Ernesto Yamhure

Estocada parcial

ESTA SEMANA CONOCIMOS UN NUEvo comunicado de la Corte Constitucional, corporación que adoptó la fea costumbre de reemplazar los fallos por despachos periodísticos.

Se trata del pronunciamiento sobre una demanda presentada por asociaciones ambientalistas que reclamaban la prohibición de las corridas de toros, corralejas, coleos y peleas de gallos, argumentando que estas manifestaciones culturales implicaban tratos crueles con los animales.

Durante nueve meses el máximo tribunal constitucional estudió el asunto, saliendo del brete con uno de sus célebres fallos modulados con el que han puesto a celebrar a unos desbordados taurófilos que equivocadamente creen que la fiesta brava está a salvo.

Al leer detenidamente el comunicado de la Corte, se nota claramente el interés de desmontar paulatinamente las corridas de toros. Por ejemplo, dicen que debe establecerse un mecanismo para minimizar el sufrimiento de los animales, lo que supone la supresión de la pica, las banderillas y, por supuesto, el sacrificio al final de la faena.

Ordenan, asimismo, que las corridas, corralejas, coleos y peleas de gallos sólo pueden llevarse a cabo en lugares donde exista dicha tradición. Eso significa que una ciudad colombiana que no tenga plaza de toros, a futuro no podrá erigir un escenario de estos, porque la Corte en su comunicado, que no sentencia, estableció un límite a las costumbres populares.

La decisión más compleja consiste en la prohibición de invertir dinero público en estos espectáculos. Aquello quiere decir que el departamento del Meta y el municipio de Villavicencio no podrán patrocinar encuentros mundiales de coleo, o el alcalde de San Martín estará impedido para girar un centavo con el fin de promocionar el próximo festival de coleo de verano, evento que se ha convertido en un singular atractivo turístico.

Estamos frente a un nuevo pronunciamiento modulado de la Corte Constitucional. Como en muchas ocasiones anteriores, han dicho que sí, pero no. En el caso de las corridas, no se atrevieron a prohibirlas, pero las hirieron de muerte.

Además de defender los derechos de quienes disfrutan de esos espectáculos, la Corte debe pensar en el impacto económico de una prohibición. No está de más recordar que alrededor de la temporada de la Santamaría se mueven siete mil millones al año. De las corridas no sólo dependen familias bogotanas. En Cali, Manizales, Medellín y Cartagena miles de personas subsisten gracias a las temporadas taurinas.

Pero la Corte Constitucional está más preocupada por defender los derechos de las vacas, los toros y los gallos. Lástima que su excesiva sensitividad no se haya visto reflejada cuando de defender las vidas de los niños que están en el vientre de sus madres se trata. Recordemos que esa corte ha hecho hasta lo imposible para permitir el aborto.

Paradójico que para algunos jueces constitucionales valga más la vida de un semoviente que la de un niño indefenso que aún no ha tenido la oportunidad de nacer.

* * *

Desde hace algunas semanas hemos venido denunciando la existencia de una estrategia criminal contra diferentes dirigentes del uribismo. Se trata de un plan pistola que ha cobrado la vida de importantes representantes de esta línea de pensamiento. Hace menos de un mes asesinaron al dirigente sindical Luis Germán Restrepo, presidente de Sintraempaques y directivo del Centro de Pensamiento Primero Colombia.

Hace dos noches, mientras se desplazaba por la carretera que une a Turbo con Apartadó, Germán Marmolejo, líder de las negritudes que integran el Consejo Mayor de Curvaradó, fue objeto de un atentado que por poco acaba con su existencia.

El Gobierno está en la obligación de velar por la vida de los uribistas que están en la mira de los criminales.

 

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