Estrategia indecente

ALEJANDRO ORDÓÑEZ ARRANCÓ SU tempestuosa procuraduría absolviendo a los amigos del Gobierno, pero en los últimos días ha mostrado su faceta siniestra de perseguidor implacable.

Lo de su talante como absolvedor ya dejó numerosas huellas. Algunas de ellas podrían dar lugar a investigarlo por prevaricato, como la exoneración que desafiando todas las evidencias decretó a favor de los funcionarios comprometidos en la yidispolítica, desechando con ligereza un proyecto de fallo sancionatorio.

Pero Ordóñez no llegó solamente a absolver. También a perseguir y lo está haciendo con saña. No lo digo solamente por el aberrante caso que inició contra el senador Jorge Robledo, sindicándolo de tener vínculos con las Farc, ni por los padecimientos que me esté costando criticar a Ordóñez, sino porque tengo información verosímil de que desde la Procuraduría se está desatando la más alevosa guerra judicial contra quien opine lo contrario del régimen o critique al jefe del Ministerio Público, o profese credos políticos o religiosos diferentes a los suyos.

La sucia táctica de “invitar” a toda clase de testigos, inclusive algunos que están presos, para que declaren contra críticos y opositores del Gobierno y de Ordóñez, o la de removerles procesos penales o emitir conceptos para lesionar sus honras, registra preocupantes y significativas curiosidades.

Alejandro Ordóñez y Fernando Londoño Hoyos tienen una cercana amistad, tanta que el “Héroe de Invercolsa” le pidió declararse impedido en los asuntos en su contra. Ordóñez se ufana de que siendo magistrado del Consejo de Estado, con su firma avaló una sentencia en contra de Londoño por lo de Invercolsa. Lo que oculta con malicia es que con posterioridad a ese fallo, entre ellos se consolidó una relación tan estrecha, que dio pie a la zalamera carta de Londoño a Ordóñez, pidiéndole que en razón a esa amistad no interviniera en sus asuntos.

No obstante lo anterior, ya son reiteradas las coincidencias que dan cuenta de que el Ministerio Público —que debería ser imparcial—, unas veces con el auspicio de testigos arreglados, anda promoviendo la reactivación de procesos penales contra opositores o antiguas contrapartes de Londoño o contra fiscales que tienen detenidos a varios de sus militares consentidos o emitiendo conceptos adversos a sus causas.

Londoño Hoyos fue abogado de los Gilinski en el sonado litigio contra el Banco de Colombia, y ahora la Procuraduría rinde un concepto pidiendo enjuiciar penalmente a su presidente, el doctor Jorge Londoño, un colombiano de bien y ejemplar.

Desde su intolerante tribuna radial, Londoño Hoyos viene atacando a la fiscal Sandra Castro, porque decretó la detención de un coronel del Ejército acusado de tener vínculos con paramilitares y de ser autor de “falsos positivos”, cuya existencia niega el ex ministro con tozudez de bruto. Tales insultos viscerales curiosamente coinciden con que en la Procuraduría le han abierto un expediente a la fiscal Castro, sin tener competencia, pues en su caso la ejerce el Consejo de la Judicatura.

Hay otras situaciones semejantes que se irán conociendo, en las que también están involucrados otros abogados litigantes cercanos al Gobierno, testigos amañados, y hasta fiscales de la cuerda de una ex funcionaria que en mala hora llevó Iguarán a la Fiscalía. Todo hace parte de ese eje corrompido que opera desde la Procuraduría para aniquilar judicialmente a todos, salvo a los amigotes.

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Adenda. ¡Qué pena de Congreso! Enterrar por orden presidencial el proyecto de ley de víctimas fue una decisión servil e indigna.

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