Por: Daniel Pacheco

Estrictamente insatisfechos

Como todas las veces anteriores que se han intentado en Colombia, los intentos de revocatoria de alcalde fallaron este fin de semana en Ocaña (Norte de Santander) y El Copey (Cesar).

Los votos no alcanzaron a superar el umbral necesario para que las mayorías que votaron Sí para sacar a los alcaldes fueran válidas. Las estrategias de los gobernantes de turno, de llamar a la abstención y de impedir con trucos que los que sí querían votar pudieran hacerlo, funcionaron otra vez. Y otra vez se confirma que el mecanismo de las revocatorias está lejos de ser el “coco” de la ingobernabilidad que quieren pintar medios, políticos, y opinadores desde Bogotá.

Las revocatorias fallaron incluso luego de que en el 2015, con los votos de la Unidad Nacional, el Congreso aprobara reducir el umbral para revocar alcaldes del 50 % al 40 % de los votos válidos en la elecciones que los llevaron al poder. Durante ese debate, curiosamente se tramitaba en Bogotá la revocatoria contra el alcalde Gustavo Petro.

Ahora que se tramita en Bogotá la revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa, elegido con votos de un sector de la Unidad Nacional, de Cambio Radical y del Centro Democrático, curiosamente, y a pesar de que ningún alcalde ha sido revocado nunca, este mecanismo súbitamente tiene “serios problemas”, como lo pone la revista Semana: “Lo cierto es que la actual receta de la revocatoria tiene serios problemas de diseño que requieren reforma. Más allá del caso de Bogotá, se ha convertido en un instrumento político para que los perdedores tumben a los ganadores o no los dejen gobernar”. No importa que los perdedores nunca hayan tumbado a los ganadores, “lo cierto” es que la revocatoria requiere una “reforma”. El sesgo es evidente.

Una reforma, además, inmediata. Una reforma diseñada en el Consejo Nacional Electoral, donde tienen mayorías los representantes de los partidos políticos que eligieron a Peñalosa. Una reforma para revisar si los motivos de la revocatoria se ajustan a la ley. O como explica Rudolf Hommes, peñalosista, columnista de El Tiempo y asesor del gremio de los operadores de buses en Bogotá en sus negociaciones frente al Distrito, una revisión que determine “si el funcionario que se quiere revocar ha incumplido notoriamente sus obligaciones como gobernante (…). Esto es independiente de que el mandatario sea impopular (…). Estrictamente se refiere al cumplimiento o incumplimiento de sus funciones”.

Sin embargo, en la ley hay ya algunas claridades acerca de cuáles son y cuáles no los motivos válidos de las revocatorias. De hecho, hay un artículo titulado “Motivaciones de las revocatorias” en la Ley 134 de 1994, “por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”. Es el artículo 65 y dice lo siguiente: “El formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria deberá contener las razones que la fundamentan, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno”. Estrictamente, entonces, la revocatoria sí aplica cuando hay una “insatisfacción general de la ciudadanía”.

Y es que más antipáticas que el alcalde Peñalosa, más antipáticas aun que el revocador hoy sea Gustavo Petro, resultan las maromas de medios como Semana y El Tiempo, opinadores interesados como Hommes, y órganos electorales politizados como el CNE para tergiversar cuándo puede y cuándo no participar la ciudadanía. Parecen no caer en cuenta que esa antipatía genera más insatisfacción.

 

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