Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Estridencia acusatoria

La Fiscalía ha pasado de las acusaciones a la defensa en causa propia. Tiene múltiples maneras de abogar en favor del fiscal general y su largo recorrido de negocios, vueltas, transacciones y enmendaduras. Sabemos que Néstor Humberto Martínez era algo así como el corrector general de los entuertos del Grupo Aval como socio de Odebrecht. Para su defensa se usan comunicados, declaraciones, hilos en Twitter y sonoras noticias de acusaciones, detenciones o acuerdos. De otro lado, el difícil e incierto equilibrio del fiscal termina por ocultar el desenlace de acusaciones cojas y medidas temerarias que se han hecho costumbre. De modo que el mecanismo por un lado oculta los líos del jefe y por otro, las deficiencias de sus subalternos. 

Dos noticias recientes en Antioquia dejan ver algunas perversiones acusatorias. La primera tiene que ver con la libertad concedida a Santiago Gallón Henao. La Fiscalía descargó como es costumbre la responsabilidad en el juez de control de garantías y los medios siguieron esa ruta. Pero el trayecto muestra la fallida y desleal apuesta de los acusadores. Gallón Henao fue detenido acusado de narcotráfico. 70 días después se intentó una audiencia de acusación que terminó frustrada por la no comparecencia de todos los acusados. Luego los defensores propusieron un preacuerdo donde Gallón admitía cargos. La Fiscalía lo firmó y quedaron a la espera de la decisión de un juez de aprobar o improbar el acuerdo. Durante ese lapso se suspenden los términos. Esa suspensión se hace para que los defensores no renuncien al acuerdo a última hora y pidan libertades por vencimiento de términos. Mejor dicho, para que no simulen la voluntad de un acuerdo para lograr una libertad abusando del derecho. En este caso quien renunció al acuerdo a última hora fue la Fiscalía. Antes de la audiencia dijo que ya no le gustaba ese arreglo y que, como los términos estaban suspendidos, Gallón Henao debía seguir en la cárcel aunque la detención iba a cumplir 300 días cuando el plazo legal marca 240. La Fiscalía pretendía aplicar al acusado la misma treta prohibida a la defensa. Gallón Henao quedó libre y los fiscales señalaron al juez de garantías. 

Con la detención del alcalde de Envigado el fiscal general sacó a relucir sus “Bolsillos de Cristal”, habló de pulcritud y se refirió en tono socarrón al manejo de natillera que le daban a los recursos del municipio. Incluso mencionó un lote de $50 millones que se pretendía vender al municipio en $1.300 millones. Una hora de investigación habría dejado claro que los $50 millones eran el avalúo catastral y que empresas calificadas mostraban un avalúo comercial de $1.300 millones. Muy pronto quedó claro que no había peculado porque nunca se comprometieron recursos públicos y el lote no se podía comprar sin aval del Concejo. Se trataba de una transacción entre particulares, una estafa del dueño del lote que vendió una factura falsa (expedida por la Secretaría de Hacienda) a una empresa de factoring. Tampoco había celebración indebida de contratos ni contrato sin cumplimiento de requisitos. Solo una falsedad en documento público que el fiscal del caso no mencionó. De forma similar se cayeron los otros dos casos que llevaron a la captura del alcalde. Al final el juez impuso la medida que lo separó del cargo por una conversación con un concejal para que no cerrara una cantina. De modo que la Fiscalía cojea y luego señala a los jueces porque la justicia no llega. Uno de los tristes argumentos en las audiencias fue un “huele a delito”. Un indicio que no es digno ni para una acusación periodística. La cabeza de la Fiscalía pierde legitimidad y el cuerpo carece de rigurosidad. 

 

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