Por: Mauricio Rubio

ETA, Farc y Cía.

La foto es bastante reveladora. Santrich, presunto narcotraficante, hace un gesto de victoria política mientras un personaje cercano, con camiseta marcada ETA, sostiene la bandera FARC.

Tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19 se habló de narcoguerrilla, pero el término narcoterrorismo fue acuñado antes, por Belaúnde Terry, para los ataques con explosivos contra la policía antinarcóticos peruana. Después caracterizó el período en que los capos colombianos protestaban con bombas contra la extradición. Esa fusión de actividades surgió por dos vías: protección de cultivos de coca y compra de armamento. Las Farc pasaron de proteger y gravar productores a construir y administrar “cocinas” para finalmente comercializar cocaína. Antes, el M-19 había establecido una alianza con narcos para garantizar armas desde Cuba.

Como el contrabando, el trueque de equipo bélico por droga recibió impulso por los controles al lavado de dinero. Además, en varios países, la producción de fusiles, municiones y explosivos ha sido monopolio del Ejército, a veces responsable de combatir narcotraficantes. Surgió así un entorno corrupto muy fértil para tales intercambios. Por último, los acuerdos de paz y desarme en Centroamérica estimularon la oferta clandestina de armamento para guerreros que también vendían droga.

Entre las primeras alianzas terroristas internacionales están los contactos que, a principios de los 70, hizo la OLP, entonces en el Líbano, con el IRA. Posteriormente se extenderían a ETA, las Brigadas Rojas y el Baader-Meinhof. Parte esencial de estos acuerdos era el transporte conjunto de armas a Europa por Italia. Años antes, de la guerra de Argelia salieron tácticas tanto subversivas —hubo aprendices colombianos— como contrainsurgentes que, anticipando las promovidas por los EE. UU., llegaron a Latinoamérica a través de militares del Cono Sur entrenados por franceses.

El contacto de los irlandeses con las Farc lo habrían hecho los separatistas vascos. La médula de la triple alianza IRA-ETA-Farc parece haber sido el C4, un potente explosivo ofrecido a cambio de asesoría técnica para utilizarlo. Las Farc, con mayor acceso que sus socios a material militar clandestino, le habrían suministrado ese insumo a ETA que, a su vez, le habría dado parte al IRA recibiendo la tecnología para fabricar bombas. La inteligencia británica señala que el origen más probable del C4 entregado por ETA al IRA fueron las Farc. Varios atentados colombianos con esas bombas —como el del Club El Nogal— sumados a la detención de tres irlandeses en la zona de distensión del Caguán llevaron a señalar al IRA y a ETA como asesores en explosivos de las mafias colombianas. Pablo Escobar contó para sus atentados con un etarra contactado cuando Gilberto Rodríguez Orejuela estuvo detenido en Madrid.

Desde siempre, el discurso nacionalista antiimperialista de ETA fue acogido por la izquierda revolucionaria y los mafiosos populistas. La red de etarras refugiados en América Latina superó el centenar de combatientes, varios de ellos traficantes de armas. Hasta finales de los 90, ETA mantuvo una sede en Managua, importante centro de reciclaje de material bélico donde habían ido a parar, con ayuda de amigotes influyentes, las armas robadas al Ejército por el M-19 en el Cantón Norte. La gran hipocresía del proceso de paz fue callar estas realidades, de sobra conocidas por sus promotores Santos Calderón, para presentar el conflicto colombiano como esencialmente campesino y desconectado del bajo mundo global.

Un insólito refuerzo a las confrontaciones armadas en Latinoamérica fue la decisión de Felipe González de deportar etarras con la complicidad de François Mitterand. Estos dos prohombres socialistas buscaban, según González, alejar “el riesgo de actitudes desestabilizadoras para nuestro sistema democrático”. El gobierno de Aznar también daría “ayudas al desarrollo” a países receptores de terroristas expulsados. El doble estándar europeo de aceptación de rebeldes ajenos y lejanos con repudio frontal a quienes representan una amenaza para su ciudadanía persiste. Al ver a Santrich acompañado por un hincha del nacionalismo armado, el embajador español en Colombia le mandó una carta a Rodrigo Londoño, antiguo Timochenko, con “el más enérgico rechazo a las manifestaciones de apoyo al grupo terrorista ETA”. Ante semejante ofensa, el máximo jefe fariano se disculpó.

El enfático reclamo pasó por alto que el vínculo ETA-Farc lo facilitó la irresponsabilidad de exportar rebeldes vascos. Además, el prontuario de Santrich como exjefe del Bloque Caribe, con asesinatos, secuestros, violaciones, voladuras de oleoductos y torres eléctricas, hace palidecer el de Txikito o cualquiera de los duros de la banda y al lado de una camiseta etarra es tan inocuo para las víctimas colombianas como el ícono del Che Guevara. De todas maneras, para una sociedad cuya pazología está trastocando de manera delirante la justicia penal y las prioridades de seguridad ciudadana, puede ser pedagógico recordar que existen democracias consolidadas que no toleran la más mínima exaltación o trivialización de la violencia política, mucho menos su impunidad.

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