Por: Cristina de la Torre

Ética oficial en ruinas

EPÍLOGO DE LA ERA URIBE, DOS EScenas contrapuestas permanecerán incrustadas en la retina de los colombianos.

Una, el aplauso de tres mil personalidades al mandatario saliente, gestor de triunfos resonantes contra las Farc, en la Plaza de Bolívar, durante ceremonia de posesión de Juan Manuel Santos. Otra, desde las escalinatas rojas de Palacio, flanqueado por dos muchachos aturdidos bajo el peso del amor paterno, Uribe se permitía un último ultraje —brutal— contra un magistrado de la Corte. Yesid Ramírez, vocero del órgano supremo de la Justicia, había ordenado compulsar copias para investigar al hijo del Presidente por presunto tráfico de influencias en la designación de una notaría, cuando las notarías se feriaban para hacer reelegir a su papá. El hecho —si se dio—, odioso como ninguno por favorecer a la familia presidencial, puro abuso de poder, empañaría la gloria militar del ex presidente, y evocaría los modos y alcances de la corrupción en este gobierno. Que son enormes, y crecieron aún más cuando Uribe modificó la ley de contratación pública para favorecer a los particulares.

La pobreza en Colombia no deriva sólo de políticas que miman a los ricos y abandonan a los pobres a su suerte. El robo de los recursos públicos pesa, y mucho. Entre 1985 y 2005, mientras los ingresos municipales crecían en La Guajira nueve veces y media, las Necesidades Básicas Insatisfechas crecían también tres veces y media. Es decir, se hinchaban las arcas de las alcaldías y, a la par, se degradaba la vida de la gente. En tierra de regalías. De 1994 a la fecha, el país generó $50 billones por ese concepto. Setenta y siete entidades acapararon el 95% de ellas, pero hoy ocupan los mayores rangos de pobreza, ineficiencia y corrupción.

Descentralización fiscal sin controles suficientes, entrega de las tareas del Estado a negociantes de toda laya y colonización de la administración pública por el narcotráfico convierten a Colombia en un Estado de Corrupción. El concejal De Roux sostiene que la contratación pública acusa en Colombia un estado general de descomposición. Desmantelado el Estado, en 15 años, los recursos disponibles para contratistas particulares se multiplicaron por seis. Surgió una verdadera mafia de contratistas, con oficinas de intermediación y estructuración de licitaciones, que financian campañas, ponen funcionarios públicos, controlan bancadas y sobornan a los representantes de la ley. En convocatorias y concursos arrasan, no los que saben el oficio, sino los que saben ganar licitaciones. Y, claro, nada funcionaría sin participación de funcionarios oficiales.

De ello hablan hechos recientes. La licitación de la Transversal de las Américas se adjudicó a la brava, a dos días de finalizar el Gobierno, burlando el concepto de todos los organismos de control y denuncias de sobrecostos de medio billón. Del mismo tenor fue la adjudicación de la Ruta del Sol el 22 de julio pasado. “No se sabe —diría el editorialista de este diario— si el Ejecutivo intervino más de la cuenta o si los comités evaluadores están comprados (o si) el dinero se filtró a los organismos de control… nada queda claro”. Por errores en el contrato, la doble calzada Bogotá-Girardot ha reajustado su monto 15 veces, siempre en contra del Estado. De Bogotá, ni hablar, donde un cartel de la contratación compromete al hermano del Alcalde.

Santos ofreció gobernar en una urna de cristal, con un estatuto integral anticorrupción. Ya en la campaña puso el dedo en la llaga: impedir la prescripción de los delitos contra el erario público. Si hace unos años siete millones de colombianos se lanzaron a las calles contra las Farc, en la primera vuelta de las pasadas elecciones se pronunciaron contra el todo-vale. Sin derrotar la corrupción no podrá edificarse un nuevo país.

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