Por: Yesid Reyes Alvarado

Eureka, fiscal

El fiscal acaba de descubrir que hay sistematicidad en los más de 200 crímenes cometidos entre 2016 y 2018 contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; hace el anuncio justamente el día en que se producían marchas ciudadanas exigiendo su renuncia, pero a los dos años de haber dicho que no había razones para pensar que ello fuera así, y año y medio después de tener en funcionamiento una unidad especial compuesta por más de 100 personas dedicadas exclusivamente a analizar esos crímenes.

Con el propósito de evitar que después de firmada la paz se produjera una escalada de atentados contra la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el acuerdo se dispuso crear una “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Se acordó que esa unidad sería autónoma, que tendría libertad para conformar sus equipos de trabajo, decidir sus líneas de investigación, organizar su propio cuerpo de investigación y contar con mando funcional sobre el mismo, y se convino que dispondría de fuentes de financiación propias; todo ello con miras a garantizar su independencia, autogestión y buen funcionamiento. Sin embargo, en cuanto asumió su cargo, el actual fiscal general manifestó sus preocupaciones por la autonomía e independencia de esa unidad y se quejó de que podría llegar a convertirse en una rueda suelta dentro de la Fiscalía. Finalmente convenció al Gobierno de expedir un decreto (el 898 de 2017) en el que si bien se dedicaron algunos artículos a ese tema, dos terceras partes del mismo se utilizaron para hacer una reestructuración de la Fiscalía. Sobre la Unidad se dijo que estaría adscrita al despacho del fiscal general, quien además es el encargado de definirle los planes de priorización de actividades; nada se dijo sobre su libertad para conformar equipos de trabajo, organizar sus líneas de investigación y detentar el mando funcional de sus investigadores; según este diseño, esos temas son competencia del fiscal general.

Dado que con esas modificaciones el fiscal le restó autonomía a la Unidad, a él le corresponde responder por el cumplimiento de sus funciones, dentro de las cuales está la de analizar los contextos que permitan establecer los patrones comunes de agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos e identificar y procesar las estructuras criminales responsables de esos delitos. El fiscal dice que el 53 % de esos casos ya se han esclarecido; si eso es cierto, no solo tendrían que estar identificadas las personas que concibieron ese plan sistemático, sino que debería estar establecido en qué crímenes concretos participaron y, lo más importante, deberían estar condenadas por esos hechos. Pero si fuera verdad que el fiscal ya consiguió llevar a prisión a la mayoría de quienes idearon ese plan de exterminio, ¿por qué solo ahora se dio cuenta de que no son casos aislados?

 

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