Eutanasia, el debate sigue abierto

Porque en la política no solo funcionan las cuotas burocráticas y la mermelada, sino también la cobardía y el miedo —miedo permanente a la Iglesia, aun muy influyente, y desde hace siete años al poderoso procurador Ordóñez—, pasaron 18 años y naufragaron cuatro proyectos —un quinto duerme engavetado—, y el Congreso no fue capaz de reglamentar el llamado homicidio por piedad o eutanásico, despenalizado por la Corte Constitucional en 1997 (C-239).

Pero lo que los legisladores se abstuvieron de hacer en casi dos décadas —sacar del limbo jurídico la eutanasia—, lo subsanó en parte el Ministerio de Salud la semana pasada mediante una resolución que dio cumplimiento a una orden del alto tribunal de reglamentar la eutanasia.

En principio y en teoría todo bien. Muchos pensamos que al fin había una hoja de ruta para que los médicos que no se oponen a esa opción quedaran con las manos libres, pues si bien el fallo que despenalizó el homicidio por piedad dice que los médicos que lo practiquen con el consentimiento del enfermo terminal no pueden ser objeto de sanción, también dice que mientras se regula esa práctica “todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal”. Una encrucijada que, a juicio de médicos especializados como el doctor Juan Guillermo Santacruz de la Fundación Santa Fe, la resolución de Minsalud no resuelve. Y no la resuelve porque no hay suficiente claridad en los conceptos básicos: la sentencia C-239 del 97 se refiere a homicidio por piedad, la T-970 de 2015 a eutanasia, y la resolución, a morir con dignidad —no menciona ninguno de los otros dos términos—.

Eutanasia y muerte digna —según Santacruz— no son lo mismo, tienen alcances distintos. La primera supone que un médico, por petición voluntaria, expresa e informada de un enfermo terminal con dolores insoportables, le administre dosis letales de medicamentos para anticipar su muerte. La segunda está concebida en el marco de los cuidados paliativos o cuidados mínimos —con medicamentos e intervenciones— que alivien el dolor y garanticen un proceso de enfermedad y muerte sin sufrimiento, dentro de los cuales está la llamada sedación terminal, que busca el control efectivo del dolor, pero que puede tener como efecto la muerte.

Así las cosas, salvo por los puntos que se refieren a plazos (para que el paciente terminal reitere su decisión de morir con dignidad y para que una vez lleno este requisito el médico cumpla con su decisión), que apuntan al homicidio por piedad, la resolución parece demasiado políticamente correcta. La eutanasia seguirá siendo una opción muy difícil de llevar a la práctica.

El debate sigue abierto y la Iglesia y el procurador al acecho, con las lanzas en ristre —¡asesinato, pecado!—. La resistencia cultural es muy grande y la discusión, con enorme carga emotiva, pasa por el tamiz de las creencias religiosas y los prejuicios, pero también por el hecho incuestionable de que el ser humano no es solo biología y de que cada persona enfrenta la vida, la muerte y el dolor en forma diferente. De ahí la pregunta del teólogo católico alemán Hans Küng, enfermo de Párkinson y quien ha expresado su intención de acudir al suicido asistido: ¿Por qué merece un juicio moral diferente la desconexión de un aparato de respiración asistida con consecuencias mortales, que la administración de una dosis letal de medicamentos?