Por: Columnista invitado

Eutanasia sin objeción

¿Qué deben hacer el Estado y la sociedad ante una persona que padece una enfermedad terminal y quiere anticipar el final de su vida?

¿Permitirlo? ¿Prohibirlo? ¿Regularlo? En 1997 la Corte Constitucional decidió lo primero y exhortó al Congreso a que hiciera lo último, pero no ocurrió. El año pasado reiteró lo primero y le ordenó al Ministerio de Salud que hiciera lo último, y acaba de suceder.

Sin embargo, la resolución que regula el procedimiento a morir con dignidad suscita varios interrogantes.

Si, según dos sentencias de la Corte Constitucional (C-239 de 1997 y T-970 de 2014), en Colombia existe un derecho fundamental a morir con dignidad, ¿no se requería antes de la resolución —y de la sentencia— una ley estatutaria expedida por el Congreso que regulara tal derecho, como manda el artículo 152 de la Constitución?

La resolución ordena crear un “comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad”, conformado por un médico especialista, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico. Ahora bien, ¿por qué no se incluyeron dentro de sus funciones verificar si al paciente se le informó oportunamente sobre su derecho a recibir cuidados paliativos? ¿Qué eficacia pueden tener los cuidados paliativos para enfermos terminales si el Ministerio de Salud aún no ha reglamentado la Ley 1733 de 2014 sobre la materia?

Por otro lado, ¿a un comité de tres miembros que autoriza la muerte anticipada de una persona no se le debería exigir unanimidad en la decisión? Preocupa que la autorización del comité por mayoría o mediante una reunión virtual desestime una duda razonable sobre si la enfermedad del paciente es terminal o si su consentimiento fue libre, informado e inequívoco.

No obstante, el mayor cuestionamiento surge ante el déficit del espíritu liberal de la resolución al negar la objeción de conciencia institucional. Según aquella, “de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en ningún caso la IPS podrá argumentar la objeción de conciencia institucional”. Luego, clínicas y hospitales inspirados en su misión y visión por principios y valores incompatibles con el procedimiento eutanásico estarían obligados a practicarlo.

En efecto, un enfoque liberal y tolerante habría concluido que no es razonable exigirles a instituciones de salud que practiquen procedimientos contrarios a su ideario misional ni imponerles la obligación de tener en sus filas médicos no objetores de la eutanasia. Esta disposición, por lo demás, simplifica la jurisprudencia constitucional sobre objeción de conciencia, pues así como ésta ha sido restrictiva para el aborto, ha sido, por el contrario, muy benevolente para el servicio militar.

La experiencia comparada muestra que los estados modernos permiten, prohíben o regulan el procedimiento de una persona que padece una enfermedad terminal y quiere anticipar el final de su vida. Lo que no es coherente con un Estado constitucional fundado en la dignidad humana es imponerles dicha práctica a quienes tienen buenas razones para abstenerse.

 

*Iván Garzón Vallejo

@IGarzonVallejo

 

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