Desde que el presidente Duque entró en la Casa de Nariño dejó clara cuál sería la posición de su gobierno respecto al fenómeno de las drogas: revivir la errónea premisa de que todos los hechos violentos del país se explican por medio de la existencia de un mercado ilegal de drogas. Un discurso simplista, popular y estratégico para no abordar otros problemas, ni brindar soluciones pertinentes y sostenibles.
Es justo bajo este paraguas narrativo que tanto el presidente Duque como el ministro de Defensa han explicado lo ocurrido en Samaniego: “estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico” y, por consiguiente, nos piden a los colombianos que apoyemos y nos unamos a una lucha dicotómica contra las drogas. Este escenario de masacres y homicidios también está siendo aprovechado para agilizar la reanudación de la aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca. Según el ministro de Defensa, la fumigación es necesaria y efectiva para la mentada lucha y “tendrá un resultado positivo en el panorama de violencia que se recrudece en el país”.
¿Pero qué pruebas tenemos de ese “resultado positivo”? La aspersión aérea con glifosato es un método costoso y difícil de sostener. Además, varios países en el mundo han prohibido el uso del herbicida por su catalogación como “probablemente cancerígeno” por la OMS, y por sus potenciales efectos negativos en el medio ambiente. De hecho, de acuerdo al informe trimestral presentado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (marzo 2020), el país tiene 231 demandas pendientes por fumigaciones con glifosato, la mayoría por daños medioambientales, principalmente desde Nariño, Putumayo y Caquetá. Para emprender una política con semejantes consecuencias, es necesaria evidencia muy sólida de su efectividad.
Bajo la narrativa de que la culpa de todo lo tiene el narcotráfico, este gobierno está proponiendo como solución una acción que sabemos que puede causar enormes daños sin que tengamos clara su capacidad de brindar soluciones. Más aún: la existencia de un mercado ilegal de drogas es solo una pieza del rompecabezas. La fumigación aérea es, en cualquier caso, una solución parcial, una forma de entrar en conflicto con las comunidades donde hay presencia de cultivos de coca y de afectar la poca presencia y legitimidad que tiene el Estado en estas zonas. Así erradicáramos hasta el último cultivo de coca en el país, ello no evitaría que los municipios donde se encuentran sigan física y económicamente aislados, ni fortalecería sus débiles instituciones locales, ni su desconfianza hacia el Estado. Tampoco agotaría la presencia de diversos grupos armados cuyas economías ilegales y disputas territoriales van mucho más allá del cultivo como motor.
Entonces ¿qué hacer ante un gobierno que insiste en una narrativa de solución basada en la lucha frontal contra un enemigo, las drogas? Para empezar, necesitamos explicaciones alternativas, desde el cuestionamiento activo basado en la pluralidad y en los datos. Los medios de comunicación tienen mucho que decir aquí: ¿por qué amplificar las viejas narrativas sin tener en cuenta la evidencia, ni las voces de las comunidades? ¿Por qué no revisar más a fondo, visibilizando nuevas problemáticas, contando con detalle la complejidad de las dinámicas que ocurren alrededor de un cultivo de coca? Desde una perspectiva realmente equilibrada, la agenda mediática acabaría desnarcotizada.
Partiendo de este cuestionamiento, la alianza interpartidista que busca reformar la política de drogas debería exigir un alto en el camino para hacer una rendición de cuentas, una evaluación que le pida a los partidarios de estas políticas mostrar resultados concretos. Y no, la mera reducción de cultivos no sirve, pues es apenas un efecto mecánico de fumigar. La pregunta que deben responder es cómo y en qué beneficia dicha reducción a las comunidades.
En este proceso, la ciudadanía tiene que estar más activa que nunca. Debemos ser esos ojos que no permitirán que con la excusa de “luchar contra el narcotráfico” no se entiendan y aborden las deudas históricas de muchas zonas del país.
* Consultora en política de drogas y construcción de paz.