Por: Santiago Rojas

Exenciones al banquillo

En los últimos días prestigiosos economistas han cuestionado la figura de las zonas francas y sus rebajas de impuestos.

Han planteado que cada vez que se aprueba una zona franca uniempresarial, se está aprobando una minirreforma tributaria personalizada, que además al acompañarse de un contrato de estabilidad, obliga al Estado a mantener los beneficios tributarios otorgados en los próximos 20 años. Por su parte, el Gobierno y otros analistas las defienden como un exitoso mecanismo para incentivar la inversión, nacional y extranjera.

El debate no es sencillo. Para que una empresa pueda ser considerada como zona franca especial, si es nueva, deberá hacer una inversión de alrededor de 70 mil millones de pesos; y si ya existe, de 300 mil millones. Además, deberá generar un número importante de empleos.

La cuestión está en determinar si el inversionista realmente toma la decisión de invertir  por los beneficios tributarios o si hubiera hecho de todas maneras la inversión y lo que hace es aprovechar unas prebendas del Estado que le aumentan el margen de utilidad. Bajo la primera óptica, las zonas francas son instrumentos útiles; bajo la segunda, son sólo beneficios creados para un grupo de privilegiados a costa del resto de la población.

Es poco razonable pensar que un empresario toma una decisión de invertir varios millones de dólares exclusivamente para ganarse una rebaja en el impuesto de renta. Lo hace, si es un buen negocio; lo hace, por las condiciones del país en materia de seguridad y de estabilidad económica.

 Pero tampoco se puede desconocer que el factor impuestos es una variable importante en la toma de decisiones y que puede ayudar a que los números cuadren para hacer rentable un negocio.

Debido a esta zona gris, es difícil compartir la idea de eliminar de un tajo las zonas francas uniempresariales, pues en determinadas ocasiones el menor nivel de impuestos puede hacer la diferencia para decidir invertir en Colombia, en especial cuando otros países tienen instrumentos similares.

 Pero tampoco se puede caer en la ilusión de creer que si no existen las zonas francas, la inversión se acaba. Mientras el debate continúa, le corresponde al Gobierno, en uso de su facultad discrecional, aprobar zonas francas que verdaderamente generen beneficios económicos y sociales para el país, en particular en regiones necesitadas, y ponerse los pantalones para negar aquellas que sólo terminarán enriqueciendo a algunos pocos.

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