Por: Armando Montenegro

Exenciones en recesión

EN LA FASE ASCENDENTE DE LA burbuja, es decir, entre 2006 y comienzos de 2008, el crecimiento del PIB fue espectacular. Las oportunidades de negocios parecían ilimitadas. Las cifras de inversión con relación al PIB llegaron a niveles históricamente altos.

Precisamente en esos meses de euforia, el gobierno, lejos de los consejos y los juicios de los economistas —de acuerdo con la visión del desarrollo económico difundida por el gobierno de Bush que plantea que si se le ayuda a los ricos, éstos invertirán más y generarán más empleos—, creó una cantidad de exenciones tributarias y decenas de zonas francas a domicilio. Y se puso en la tarea de embutírselas a las empresas, muchas veces sin que éstas las pidieran ni las necesitaran. 

De allí en adelante los gobernantes creyeron, quisieron creer, que las altas inversiones del sector privado se estaban haciendo a causa de sus políticas de exenciones de impuestos y no por el impulso de la burbuja creada por la buena situación internacional. Los economistas sensatos y los propios inversionistas sabían que éste era un cuento. Las inversiones hubieran sido más o menos las mismas sin los obsequios del gobierno.  

Hubo una excepción. Un puñado de inversiones no se hubiera realizado sin los estímulos fiscales: las que se hacían únicamente para trasladar de sitio algunas plantas y ganarse las exenciones. Aquellas que se insertaban dentro de una zona franca, donde, además, las empresas se aseguraban, por medio de contratos de estabilidad, de que sus impuestos disminuirían por mucho tiempo (lo que no se decía era que se cerraban las plantas viejas y que, en muchos casos, reducían sus nóminas para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías que ahorran trabajo).

La mayoría de las empresas se limitó a recibir unos beneficios que no había pedido y que, muchas veces, se los ofrecieron de forma reiterada (en más de un caso, las firmas, antes de recibir los regalos, tuvieron la precaución de consultar con sus abogados, porque se trataba de inversiones que iban a hacer de todas maneras. El juicio jurídico fue inapelable: no había riesgo, “a papaya puesta, papaya partida”).

En 2009, cuando la recesión precipite la caída de la inversión, se comprenderá la inutilidad de las exenciones fiscales. Así como todo ese costoso aparataje no tuvo nada que ver con el aumento de la inversión, ahora no podrá evitar su caída. La acumulación de capital depende mucho más del ciclo económico, de las perspectivas de largo plazo y de otras variables fundamentales.

Los contratos llamados de “estabilidad jurídica” son, en realidad, una muestra de todo lo contrario a la estabilidad. Quienes se benefician de ellos saben que un ajuste tributario y normativo es inevitable y se apresuran a tomar un seguro contra la necesaria corrección de las normas fiscales (el gobierno hace el papel del pirómano que vende seguros contra el incendio que él mismo está a punto de provocar).

Al final, el Estado quedará con menores ingresos y con un déficit más alto. Y el país volverá a tener una inversión acorde con la situación de mediocre desempeño económico. Para no seguir al vaivén de ocasionales burbujas importadas, el crecimiento deberá depender de firmes reglas propicias para la innovación, la construcción de infraestructura moderna, el aumento de la productividad y el capital humano. Nada de esto está a la vista.

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