Exigencias de la internacionalización

LA CRISIS QUE VIVIÓ COLOMBIA a finales de los noventa –consistente en la intensificación del conflicto armado, el aumento de la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos, la desaceleración económica y la debilidad del Estado– dio lugar a una redefinición del papel de la comunidad internacional en la situación doméstica del país. 

Así, durante la última década, uno de los pilares de la política exterior colombiana ha sido la internacionalización de la crisis interna, consistente en la adopción de estrategias expresas por involucrar a actores foráneos en diversos aspectos de la vida nacional.

Entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe el país ha experimentado con matices distintos de internacionalización.  Mientras que Pastrana difundió una imagen de Colombia como país “problema”, con un Estado al borde del colapso y con limitadas capacidades para enfrentar el narcotráfico y la insurgencia armada, el primer gobierno de Uribe elaboró el argumento de que el país constituía la mayor amenaza narcoterrorista de América Latina. 

Durante su segundo mandato éste ha buscado presentar la política de seguridad democrática como una historia de éxitos que exige la continuación del apoyo internacional.   Más allá de las diferencias entre los dos gobiernos ha habido continuidad en la idea de que la invitación a que actores internacionales participen en la problemática del país es deseable y que es posible definir los términos de su participación en lugar de que éstos sean impuestos desde afuera.

  Lo que ha sido difícil entender es que entre más se internacionalice Colombia mayor es el escrutinio externo al que debe responder.  Sobran los ejemplos de desatención oficial de esta regla básica: el desconocimiento de la gravedad de haber utilizado el símbolo de la Cruz Roja en la Operación Jaque y de las dificultades que ello ha creado para sus labores humanitarias; la negación de José Obdulio Gaviria de que en Colombia haya desplazamiento forzoso a pesar de que el ACNUR afirma que éste suma  tres millones; la renuencia a adoptar medidas eficaces para combatir la violencia contra sindicalistas como lo han pedido los demócratas; la terminación del convenio con el SIMCI de la ONU porque mostró que los cultivos ilícitos han crecido.

 La semana pasada se asomó otra faceta de esta problemática.  Un fiscal de la Corte Penal Internacional pidió información sobre los juicios de crímenes de lesa humanidad –que están bajo su jurisdicción– teniendo en cuenta que 14 de sus máximos responsables fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.  Aunque no es la primera vez que Colombia está en la mira del tribunal, este requerimiento coincide con los obstáculos que internamente se le han puesto a la Corte Suprema en sus investigaciones de la parapolítica.  De abortarse este proceso puede augurarle al país tiempos difíciles en los tribunales internacionales.

  Insinuar que los fines superiores y divinos que persigue el gobierno Uribe justifican cualquier medio –inclusive cuando éstos violen o desconozcan símbolos y reglas que son sagrados para los socios internacionales del país– no solo pone en peligro la estrategia de la internacionalización sino la credibilidad del país.  Tarde o temprano la soberbia criolla nos puede costar muy caro.

* Profesora Titular, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.