Exofilia reiterada

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El Gobierno Nacional insiste en la exofilia, aquella práctica perversa de discriminar a los pueblos étnicos en lo sociopolítico y, al mismo tiempo, acogerlos en lo cultural. Como lo señala César Rodríguez, el proceso de paz les está poniendo conejo, pese a los años de ser víctimas del conflicto armado, pero pioneros de reconciliación. Aún no están representados ni en el Tribunal Especial para la Paz, ni en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, ni en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se supone que los seleccionadores deben acatar los enfoques diferenciales y de género que exige la Constitución Nacional, así como los requerimientos del capítulo étnico, introducido en los acuerdos de paz así fuera a regañadientes antes de que terminaran las conversaciones en La Habana. Por esas falencias, desde los Estados Unidos, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (Wola), el Grupo Latinoamericano de Trabajo (LAWG), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU), La Red de Solidaridad Afrocolombiana (ACSN), Afodes Internacional y varios defensores de derechos humanos se han dirigido al Comité de Escogencia apoyando la solicitud de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales para que garantice la “elección de magistrados y magistradas afrodescendientes e indígenas en la Jurisdicción Especial para la Paz”. La carta hace énfasis en que “el punto cinco del acuerdo establece que «el proceso de postulación de candidatos/as será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos»”.

Otra discriminación ha consistido en incumplir los acuerdos que el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó alcanzó con el Gobierno Nacional entre el 22 y el 24 de agosto de 2016, luego del paro llevado a cabo ese mes en Quibdó y otras ciudades del departamento. De ahí que para el 7 de marzo haya una convocatoria de cabildo abierto. No solo se trataría de realizar una nueva movilización, sino de coordinarla con la que programan en Buenaventura por razones comparables.

El Ejecutivo disimula la exclusión sociopolítica mediante visibilidades como la brindada en el teatro Colón cuando Santos y Timocheko firmaron el acuerdo de paz definitivo. Había representantes de los indígenas, y a la cantaora negra Cecilia Silva Caraballo le correspondió entonar a cappella el himno nacional. Dos meses antes, cuando suscribieron el acuerdo de La Habana en el Centro de Convenciones de Getsemaní, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo les ofreció protagonismo a las llamadas Alabadoras de Bojayá. Ese 24 de septiembre interpretaron un alabao cuya estrofa más estremecedora rezaba: “Hace 500 años / sufrimos este gran terror. / Pedimos a los violentos / no más repetición. / Santa María danos la paz”.

Descartar a la gente indígena y negra de la JEP y de las comisiones mencionadas indica que a palabras tan sentidas se les prestan oídos sordos, y que en realidad los pueblos étnicos valen por la cosmética que le aporten a la marca Colombia. Las industrias naranja abrazan su exotismo, pero desprecian los derechos étnicoterritoriales y políticos que les garantiza la Constitución Nacional.

* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional.

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