Por: Arlene B. Tickner

Extraña coincidencia

La designación de Bernie Aronson como representante de Estados Unidos en La Habana ha sido recibida con entusiasmo entre distintos sectores en Colombia.

Aunque es improbable que redunde en avances concretos de corto plazo en la mesa de negociación —pese a la reconocida experiencia de Aronson con temas de paz en América Latina— o en compromisos mayores de asistencia financiera en el posconflicto, el hecho en sí tiene una significación simbólica y política tanto interesante como positiva.

En diplomacia, la figura del “enviado especial” no es habitual sino atípica y su uso tiene la función de transmitir la alta importancia que reviste un asunto determinado. En el caso de las conversaciones con la guerrilla, el secretario de Estado, John Kerry, reforzó esa idea al afirmar que “como amigo y aliado cercano de Colombia, Estados Unidos tiene la responsabilidad de hacer lo que pueda para ayudar a logar la paz”. Más allá de lo protocolario, llama la atención que en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2015 —que establece los lineamientos políticos generales de la Casa Blanca en esta materia— se explicita el compromiso de Washington con la resolución pacífica del conflicto armado colombiano, así como el valor de Bogotá como “socio estratégico” y un “contribuyente clave a la paz y la seguridad internacional”.

Dado el tono de este discurso, no es difícil conjeturar que además del Congreso estadounidense y el Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas estén entre sus blancos intencionados. Por el desfile diario de uniformados colombianos y funcionarios del Ministerio de Defensa que se observa en los pasillos de la Embajada, y las numerosas actividades conjuntas en seguridad que se realizan en terceros países, se intuye una estrecha interacción y un altísimo grado de confianza con Estados Unidos. Así, el apoyo irrestricto de Washington al proceso en La Habana se traduce en una suerte de garantía que ayuda a reducir la antipatía y aprensión del estamento militar y a contrarrestar las confabulaciones del uribismo en contra de la paz.

Paradójicamente, la presencia “gringa” también es vista por las Farc como una oportunidad, si no un blindaje, sobre todo en lo que concierne a la extradición de sus miembros, la devolución de los líderes guerrilleros (como Simón Trinidad) ya encarcelados y la política antidrogas. En 1998, casi al tiempo que los diálogos del Caguán, hubo un encuentro exploratorio entre Raúl Reyes y un delegado del Departamento de Estado en Costa Rica, para discutir el papel (futuro) de las Farc en la erradicación de los cultivos ilícitos. Si bien fracasó ese intento de acercamiento, sugiere un grado significativo de pragmatismo que comparten EE.UU. y la guerrilla a la hora de reconocerse como partícipes de cualquier solución al problema de las drogas en el posconflicto.

En esta extraña coincidencia entre posiciones por lo demás antagónicas, que valoran positivamente, aunque por razones distintas, la confianza depositada por EE.UU. en la paz negociada en Colombia —y sin considerar los indiscutibles desafíos que también plantea este nuevo comensal en la mesa— se halla la principal importancia de su participación en La Habana.

 

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