Por: Hernán González Rodríguez

Exuberancia tropical

En Colombia está de moda que cualquier congresista lidere una ley para favorecer a alguna minoría, con el fin de que los medios de comunicación se ocupen de ellos, para darse a conocer, más que como su aporte para la solución eficaz de problemas reales.

Ejemplos recientes: la reparación de las víctimas de la violencia, la restitución de tierras, los castigos desproporcionados para los violadores de menores, la discriminación de las minorías por razones raciales, creencias, sexo… 


La pena máxima de prisión en Colombia figura a la fecha en 60 años.  Para una persona mayor de 30 años tal pena equivale a una cadena perpetua, ¿se aconsejan penas mayores para los violadores? Ni la Procuraduría, ni la Contraloría lo recomiendan.


En la controvertida ley sobre las discriminaciones no se aborda el crucial tema del empleo. Todos sabemos que en Colombia no pocas empresas consideran viejo a un compatriota mayor de 40 años.  Pero, si por acá existiera una demanda de mano de obra importante, nadie podría darse el lujo de despreciar a un mayor de 40 años, posiblemente, con valiosa experiencia.  Aliviar el desempleo y el subempleo poca atención les merece a ciertos congresistas populistas.


Lo más inquietante de esta intrascendencia radica en que la coalición de la Unidad Nacional avala buena parte de esta demagogia oportunista sin preocuparse de resolver los problemas reales, sin ni siquiera presupuestar los efectos económicos de tales embelecos. Casi nadie nos superaría si el progreso de una nación se fundara en el número de leyes dictadas. 


Pocos congresistas se preocupan por el caos alarmante del sector de la salud.  Los sistemas electrónicos de no pocas EPS funcionan a medias o pésimamente. Están ellos plagados de errores para no sospechar que repletos de fraudes.  Niegan o dilatan los servicios con  cualquier pretexto.  Aplazan las citas médicas y las cirugías en forma indefinida.  No responden sino ante las tutelas.  Les exigen a los usuarios acudir continuamente a sus centros de información para corregirles sus yerros.


Casi ningún congresista se preocupa por la pertinaz apreciación del peso colombiano y sus competencias desleales contra  nuestras exportaciones, producción doméstica y empleo. O por el efecto de las  exportaciones mineras y el narcotráfico en tan nefasta apreciación.  O porque el gobierno de Santos maneje, le pase por sus manos un el elevado 34% del PIB por intermedio de sus tres prespuestos.  Santos no debería administrar más del 25%. El gobierno estadounidense toca el 23% y se recomienda que rebaje al 19% de su PIB.  Los socialismos europeos están en las que están por su paternalismo intervencionista. O porque el gobierno de Santos tan sólo haya invertido por estos días el insatisfactorio 30% de sus presupuestos.


Debo reconocer que en el tema del orden público sí son más frecuentes los debates.  Pero, así y todo, no se percibe mayor apoyo para revivir la justicia penal militar, para defender a los militares de los grupos de abogados, para indagar las razones por las cuales hay más fiscales investigando a los militares que a la guerrilla,  para asegurarles un salario digno…


Justo reconocer, finalmente, que el Congreso sí ha abocado con aparente responsabilidad la reforma de la Justicia. Si se equivocan en ella condenarían al país al legüleyismo, a la dictadura de los jueces y del narcotráfico, a la miseria…

 

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