La política en democracia trata, en una de sus versiones, sobre influir para acceder al gobierno. ¿La utilización de la información que suministramos, en el límite de la privacidad, es ilegal? Depende. La manipulación fraudulenta de emociones y sentimientos evidentemente lo es.
Era cuestión de tiempo. La agregación de datos hizo posible vincular a los ciudadanos interesados en un candidato, o en algunas de sus características, para segmentarlos a partir de sus gustos, emociones e intereses comunes; una herramienta mucho más precisa que las tipologías utilizadas antes que compartiéramos tanta información dejando de ser tan “anónimos”.
En mercadeo, se trata de identificar los asuntos que importan o interesan al consumidor. ¿En política debía ser diferente? El póliting hace bastante tiempo vinculó las herramientas y fundamentos del mercadeo a las actividades electorales y públicas. Hasta allí, nada tan nuevo.
Desarrollando ese punto de vista, el concepto de Top of Mind, primero en la mente, utilizado en mercadeo desde hace décadas, sugiere que la batalla por el consumidor (en este caso el elector) ocurre, en primer lugar, en su mente(Al Ries, 1981), sin que eso convierta el posicionamiento de productos, o candidatos, en un asunto ilegal.
La utilización de la información que millones de usuarios depositaron en Facebook ha dado lugar a un gran debate: pero influir en los ciudadanos, para inducirles hacia un candidato o producto, puede no ser ilegal. El delito tiene que ver con la privacidad de la información suministrada y su uso, para influenciar a partir de ella. Cada ciudadano lo autoriza, o no. Si el precio por el uso de aplicaciones es nuestra intimidad resulta costoso, mucho más para el sistema político.
Pero otra cosa es su manipulación; su uso para influenciar emociones, sentimientos, miedos y temores en favor o en contra de determinado candidato: la trampa no es, en ese caso, contra un ciudadano en particular si no contra el sistema político, en general. Es un problema de Estado que socava los fundamentos del régimen político. También es usada esa influencia para alterar las relaciones entre estados: una forma de ciberguerra con efectos en las relaciones entre países: ¿De qué trata la injerencia Rusa en el Brexit; en los conflictos independentistas en Europa (Léase Cataluña) o en las elecciones norteamericanas?
El engaño y el fraude están tipificados en nuestro ordenamiento legal. Paradójicamente, estas formas de inducir al elector no hacen parte, con precisión, de la lista de delitos electorales ni las autoridades disponen de las herramientas legales y los recursos para combatirlas. El abuso del conocimiento, a partir de la agregación de sentimientos y gustos ciudadanos, muchas veces no impersonales pero sí anónimos, hace fiestas en la política real. Sus autores, por lo general, quedan indemnes.
Por otra parte, el uso de robots para multiplicar mensajes no constituye, en sí mismo, un delito, pero la suplantación de personas reales y la manipulación claramente lo son. Ninguno, sin embargo, se encuentra debidamente tipificado como tal. En Colombia nos encontramos aun preocupados por el constreñimiento el elector y el trasteo de votantes, mientras el fraude ahora es invisible a través de las redes. Viaja, las más de las veces, en el vagón de las noticias falsas.
A nivel de teorías y enfoques utilizados en el análisis político, el psicosocial, en el actual escenario, puede explicar mejor que el del elector racional las conductas electorales ,permitiendo “intervenir” en las decisiones de los votantes. En el extremo, en ausencia de un elector suficientemente informado, la gente termina eligiendo no solo a partir de la utilización de estereotipos, lo cual se ha probado, si no con sus “vísceras”. Lo que permite la agregación de datos es identificar y segmentar preferencias, sentimientos, emociones y gustos de consumidores y electores; influir ilegalmente sobre ellos sin su consentimiento; llevar mensajes precisos a su mente para manipularlos a discreción. Se trata de un delito contra la democracia.
A propósito: ¿Cuántas “reformas” políticas hemos realizado en los últimos años que parecen diseñadas para el siglo pasado y el antepasado? Como no podemos renunciar a la revolución digital y retornar al telegrama o las palomas mensajeras, toca que el Estado nos proteja. Urge una reglamentación actualizada como hemos reclamado tantas veces desde esta columna.