Facebook: malas influencias

Luis Carvajal Basto
02 de abril de 2018 - 02:00 a. m.

La política en democracia  trata, en una de sus versiones, sobre influir para  acceder  al gobierno. ¿La utilización de  la información que suministramos, en el límite de la privacidad, es ilegal? Depende. La manipulación fraudulenta de emociones y sentimientos evidentemente lo es.

Era cuestión de tiempo. La agregación de datos hizo posible vincular  a los ciudadanos  interesados en un candidato, o en algunas de sus características, para segmentarlos a partir de sus gustos, emociones e intereses comunes; una  herramienta mucho más precisa  que las tipologías utilizadas antes que compartiéramos tanta información dejando de ser tan “anónimos”.

En mercadeo, se trata de identificar  los asuntos que  importan o interesan al consumidor. ¿En política debía ser diferente? El póliting hace bastante tiempo  vinculó  las herramientas y fundamentos del mercadeo  a las actividades electorales y públicas. Hasta allí, nada tan nuevo.

Desarrollando  ese punto de vista, el concepto de Top of Mind, primero en la mente, utilizado en mercadeo desde hace décadas, sugiere que la batalla por el consumidor (en este caso el elector) ocurre, en primer lugar, en su mente(Al  Ries, 1981), sin que eso convierta el posicionamiento de productos, o candidatos, en un asunto ilegal.

La utilización  de la información que millones de usuarios depositaron en Facebook ha dado lugar a un gran debate: pero  influir en los ciudadanos, para inducirles hacia un candidato o producto, puede no ser ilegal. El delito tiene que ver con la privacidad de la información suministrada y su uso, para influenciar a partir de ella. Cada ciudadano lo autoriza, o no. Si el precio por el uso de aplicaciones es nuestra intimidad  resulta costoso, mucho más para el sistema político.

Pero otra cosa es su manipulación; su uso para influenciar emociones, sentimientos, miedos y temores en favor  o en contra de determinado candidato: la trampa no es, en ese caso, contra un ciudadano en particular si no contra el sistema político, en general. Es un problema de Estado que socava los fundamentos del régimen político. También  es usada esa influencia para alterar las relaciones entre estados: una forma de ciberguerra con efectos en las relaciones entre países: ¿De qué trata la injerencia Rusa en el Brexit; en los conflictos independentistas en Europa (Léase Cataluña) o en las elecciones norteamericanas?

El engaño y el fraude están tipificados en nuestro ordenamiento legal. Paradójicamente, estas formas de inducir al elector  no  hacen parte, con precisión, de la lista de delitos electorales ni las autoridades disponen de las herramientas legales y los recursos para combatirlas. El abuso del conocimiento, a partir de la agregación de sentimientos y gustos ciudadanos, muchas veces no impersonales pero sí anónimos, hace fiestas en la política real. Sus autores, por lo general, quedan indemnes.

Por otra parte, el uso de robots  para multiplicar mensajes no constituye, en sí mismo, un delito, pero la suplantación de personas reales y la manipulación claramente lo son. Ninguno, sin embargo, se encuentra debidamente tipificado como tal. En Colombia nos encontramos aun preocupados por el constreñimiento el elector y el trasteo de votantes, mientras el fraude ahora es invisible a través de las redes. Viaja, las más de las veces, en el vagón de las noticias falsas.

A nivel de  teorías y enfoques utilizados en el análisis político, el psicosocial, en el actual escenario,  puede explicar mejor que el del elector racional las conductas electorales ,permitiendo  “intervenir” en las decisiones  de los votantes. En el extremo, en ausencia de un elector suficientemente informado,  la gente termina  eligiendo  no solo a partir de la utilización de  estereotipos, lo cual se ha probado, si no con  sus “vísceras”. Lo que permite la agregación de datos es identificar  y segmentar preferencias, sentimientos, emociones y gustos de consumidores y electores; influir  ilegalmente sobre ellos sin su consentimiento; llevar mensajes precisos a su mente para manipularlos a discreción. Se trata de un delito contra la democracia.

A propósito: ¿Cuántas “reformas” políticas hemos realizado en los últimos años que parecen diseñadas para el siglo pasado y el antepasado? Como no podemos renunciar a la revolución digital y retornar al telegrama o las palomas mensajeras, toca  que el Estado nos  proteja. Urge una reglamentación actualizada como hemos reclamado tantas veces desde esta columna.

@herejesyluis

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar