Por: Cartas de los lectores

Factores que entorpecen

Infortunadamente, este Gobierno no ha cumplido con los acuerdos del proceso de paz, lo dice literalmente la ONU; tampoco ha cumplido el Congreso por las ansias revanchistas de unos y el protagonismo erróneo de otros, que han recibido abundantes beneficios del Ejecutivo sin colmar las ansias burocráticas y mieles del poder clientelista. Las continuas y adversas manifestaciones del Centro Democrático durante el proceso de paz; los nombramientos del fiscal general de la Nación, que ha enredado y extendido en el tiempo y el espacio la normatividad de lo pactado entre Gobierno y Farc; un presidente de la Cámara de Representantes que de manera antipatriótica dilata con maneras impropias a la razón y buena fe el curso y cumplimiento del eje fundamental de los acuerdos, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); la falta de compromiso del comisionado de Paz y otros funcionarios, y el desgano descomunal de la sociedad colombiana para exigir y respaldar urgentemente el proceso que terminó con la guerra contra la Farc, tienen en vilo la justicia transicional. Del lado de la Farc se ha cumplido a cabalidad, incluso soportando un trato subhumano en campos veredales y embates de la derecha con decenas de asesinatos de exguerrilleros, familiares y líderes sociales. Esperamos que sigan aguantando estoicamente el compromiso con la paz y el país, no sea que se desborde la guerrillerada por falta de garantías e incumplimiento del Gobierno en lo pactado, porque son 10.000 hombres con capacidad militar en varios campos de la delincuencia, aumentando los graves aconteceres delincuenciales del paramilitarismo, hoy convertido en bandas criminales. El 30 de noviembre del presente año se termina el plazo para el fast track, y ante la imposibilidad de sacarlo adelante, el Gobierno tiene otras alternativas: emergencia social, conmoción interior. La primera, con aval del gabinete, permitiría al Congreso prolongar los debates de la ley estatutaria de la JEP más allá del 30 de noviembre. La conmoción interior habilita al presidente a desarrollar, a través de decretos, las normas pendientes que garanticen el Sistema de Justicia Transicional. Otra solución sería en el plano internacional, pues existe una obligación moral, política y legal del Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no cumplirlo obligaría a la actuación de la Corte Penal Internacional. La otra posibilidad sería la Asamblea Constituyente. Recordamos que la Corte Constitucional defendió el blindaje jurídico de los acuerdos, aduciendo que los funcionarios del Estado y las autoridades deben cumplir la buena fe de los textos de La Habana. Estos planes salvadores de los acuerdos existen y tranquilizan la manera exasperante de la politiquería ante semejante compromiso mundial.

Ómar León Muriel Arango. Medellín.

 

Envíe sus cartas a [email protected].

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cartas de los lectores

Carta de un navegante por la educación

¿Y dónde están ellos?

Personaje tóxico

Dos cartas de los lectores