¿“Falsos positivos” por ánimo de lucro con el COVID-19?

María Teresa Ronderos
07 de julio de 2020 - 05:00 a. m.

Son ya varios los casos denunciados de colombianos que fueron cremados, diagnosticados apresuradamente como posibles muertes por COVID-19, sin el visto bueno y aún en contravía de la petición expresa de sus familiares.

Ricardo Pareja denunció en RCN que a su padre, quién murió de infarto, lo cremaron en Barranquilla, aunque había dado negativo dos veces en la prueba del virus, y sin su permiso. Ricardo y su madre son cristianos y no querían cremar el cuerpo. En la misma ciudad, Yasiris Trespalacios denunció que, a pesar de sus ruegos, el hospital mandó cremar a su hijo de cuatro años que sufría de parálisis cerebral y murió por supuesto COVID-19. El resultado de la prueba llegó tarde y dio negativo. También en Barranquilla, apenas falleció Blanca Bertel, de 86 años, según El Heraldo, fue enviada al crematorio sin permiso de su sobrina, y sin prueba de que tenía el virus. En Ibagué, al padre de Samuel Francisco Jiménez, de ocho años, quien tuvo un accidente en bicicleta y se le complicó una herida, le dijeron que su hijo murió de COVID-19 y que buscara funeraria para cremarlo. Él armó tal ruido que consiguió que le hicieran la prueba y salió negativa. El cadáver está en espera de necropsia. El padre dijo que sólo quiere que lo dejen “darle su último adiós al niño”.

¿Por qué con tanta prisa querían cremar a fallecidos que pudieron haber muerto de otra cosa, algunos con pruebas negativas del COVID-19? Es cierto que esas pruebas no siempre detectan el virus, y que hay estrictas medidas para disponer de los cuerpos y evitar la expansión del contagio. Pero ninguna norma prohíbe a los familiares ver los cuerpos de sus seres queridos ni ordena cremarlos sin su permiso, y mucho menos cuando hay dudas. Con una eficacia nunca vista, inconmovibles clínicas y funerarias atropellan creencias religiosas y desatienden ruegos, con un afán tremendo de cremar.

El hallazgo de sobreprecios en contratos de alcaldías y gobernaciones con las funerarias para transportar y cremar cadáveres, de la alianza investigativa de Cuestión Pública y Salud con Lupa, arroja luz sobre el escabroso asunto.

Atlántico paga a Parques y Funerarias S. A. $1,5 millones por cada cuerpo de un fallecido COVID-19 que traslade y creme. Esto es un millón de pesos más caro por cada cremación de lo que pagó Bogotá por el mismo servicio. También encontró que Tolima es el departamento con los municipios que más contratos han celebrado para el manejo de cadáveres durante la emergencia sanitaria, entre ellos Ibagué.

La pandemia permite celebrar contratos con las funerarias sin concurso público y por ello crece el riesgo de corrupción, que ya investigan la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio, según dijo Cuestión Pública.

Pero podría haber más. Si pagan un precio extraordinario por transportar y cremar cuerpos, gobernaciones y alcaldías podrían estar creando además un incentivo económico perverso para que las funerarias inflen el número de personas fallecidas por coronavirus, una especie de “falsos positivos”.

Ojalá las autoridades verifiquen si hay ganancia de pescadores en este río revuelto de la pandemia y si, encima, están haciendo pasar por COVID-19 muertes que no lo son, para lucrarse más.

Antes de conocer resultados, no obstante, ya podemos decir con toda tristeza que la contratación directa y la restricción de las libertades, extendida y vuelta a extender con la justificación de la pandemia, está cultivando una cultura autoritaria y cruel. Esta facilita el lucro indebido y la violación impune los derechos de los pacientes y de sus familias a despedir a los suyos con una mínima dignidad humana.

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