Falta un mes

Tatiana Acevedo Guerrero
06 de septiembre de 2020 - 05:00 a. m.

A comienzos de esta semana que se acaba, José Miguel Dau, residente de Santa Marta, que estaba conectado a un respirador artificial por problemas de salud, murió luego de que operarios de Electricaribe le cortaron el servicio argumentando falta de pago. Esto, dentro de un contexto de cobros frenéticos pues en un mes Electricaribe acaba su operación en el norte de Colombia y la empresa pretende cobrar en los municipios una cartera de unos $200.000 millones a través de cobros jurídicos. La mayor parte de las deudas, dice la compañía, tienen que ver con el consumo de los barrios “informales”. Electricaribe fue creada a fines de los noventa, luego de que quebraran las empresas públicas de Barranquilla y lleva 22 años prestando el servicio de electricidad. Tras un corto periodo en que empresarios locales y venezolanos invirtieron, la española Gas Fenosa, hoy llamada “Naturgy Energy Group”, compró el 84% de las acciones y se convirtió también en el operador privado.

Según uno de sus gerentes municipales, Electricaribe privilegió a lo largo de su labor las inversiones en sistemas de facturación, campañas publicitarias e instalación de nuevos y mejores medidores. A pesar de la privatización de la empresa, la ley determina que el financiamiento para la extensión de las redes eléctricas seguía siendo responsabilidad del Estado. En el caso de Barranquilla, desde 2000 a 2010, sucesivos gobiernos prometieron extender las redes eléctricas al sector suroccidente, que tiene hoy la menor cantidad de infraestructura. Sin embargo, las inversiones solo cubrieron la extensión del 57 % del sector. Es decir, de los 60 barrios que componían el sector, 26 no contaban con redes formales de interconexión eléctrica cuando los visité en 2014.

Estos 26 barrios habían construido conexiones improvisadas. Tras su entrada a Colombia, la empresa Gas Fenosa negoció con el gobierno nacional y logró la emisión de la Resolución 120 por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. La Resolución 120 reguló el consumo de energía en el Caribe en general y definió muchos de sus barrios como subnormales: “asentamientos fuera del sistema interconectado, que obtienen electricidad conectándose, sin autorización alguna, a la red”. La CREG autorizó entonces a Electricaribe a calcular y cobrar el consumo de los hogares en estos barrios. Con una creatividad que ha caracterizado su gestión en América Latina, Gas Fenosa se inventó entonces una pequeña empresa de pocas oficinas llamada “Energía Social”. Esta última instaló transformadores de distribución en cada sector y se esperó a que las comunidades continuaran haciendo sus propias conexiones. Mensualmente emitía una factura comunal, cobrando la cantidad total de energía extraída del transformador. Este costo se dividía entre los hogares de acuerdo a una estimación aproximada con base en la cantidad de electrodomésticos con que contaba cada familia. Además de esto la empresa recibe directamente del estado, los subsidios que corresponden a los estratos 1 y 2.

La Resolución 120 era una medida temporal, pero en 2003 el Congreso Nacional aprobó su continuidad indefinida. En 2005, los barrios subnormales, que acumulaban deudas con “Energía Social” a pesar del pésimo servicio debido a la falta de mantenimiento, protestaron. Si bien la extensión de las redes era responsabilidad del Estado, el mantenimiento de la infraestructura existente era responsabilidad de Electricaribe. El número de hogares conectados a un solo transformador de distribución y la precariedad de las conexiones inducen a diario cambios en los voltajes, provocando el deterioro de los electrodomésticos. En 2013, un informe de la Defensoría del Pueblo registró que un alto porcentaje de barrios subnormales experimentaban apagones a diario.

La dejadez de “Energía Social” supone además un peligro importante para la salud pública pues cables y postes caen cuando hay lluvias en el pavimento y se presentan también incendios, accidentes y electrocuciones dentro de los hogares. Hace sólo tres días se registró la muerte de Johanna Lisbeth Montañez De la Cruz, a quien le cayó encima un cable de alta tensión cuando caminaba por el barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla. A pocas cuadras del barrio Meisel se encuentra el barrio La Pradera cuya población trabaja mayoritariamente en informalidad o rebusque y que adeuda 109 millones de pesos en electricidad.

La responsabilidad de todos los accidentes y las deudas ha recaído por 20 años en las comunidades, que según la Resolución 120 son las encargadas de instalar, mantener y reparar la infraestructura de distribución (y de recolectar los pagos). En lugar de estar entablando pleitos judiciales y exigiendo pagos dudosos, Electricaribe, “Energía Social” o Gas Fenosa, que son lo mismo, deberían estar defendiéndose u ofreciendo reparaciones por 20 años de mal servicio y por los cientos de electrocuciones accidentales que se han registrado en el Caribe. Todo además bajo la mirada entre impotente y apática del Congreso que abrió la puerta a esta situación y del estado local y los reguladores que la permitieron.

 

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