Por: Augusto Trujillo Muñoz

Faltan jueces…

El proyecto de reforma a la administración de justicia es una especie de tinglado alegórico. No éste que cursa actualmente en el congreso. Casi todos los que el país ha conocido durante los últimos años.

Tal vez la última reforma judicial que atacó problemas de fondo se hizo en los tiempos del Frente Nacional. Si no recuerdo mal, nombres como los de Alberto Lleras y Darío Echandía están vinculados a la reforma de 1961 que no sólo despolitizó la justicia sino que la acercó a los ciudadanos en una decisión que, como le oí decir en reciente reunión al jurista Bernardo Gaitán Mahecha, supuso un flujo conceptual de abajo hacia arriba.

En aquel entonces la justicia estaba politizada en todo lo ancho, todo lo largo y todo lo profundo de su estructura. El país salía de una década de dictaduras que estimularon la violencia política y necesitaba aclimatar un pacto de paz. La justicia –como la fuerza pública y como todo el aparato estatal- estaba al servicio de la confrontación. No había congreso, ni elecciones, ni controles democráticos.

Ahora el escenario es distinto. El poder público tiene controles, hay elecciones, hay congreso. El presidente de la república, lejos de todo talante confrontacional, le apuesta al consenso. La fuerza pública no es deliberante. Pero la justicia sigue sin resolver sus problemas básicos. Para empezar está enredada entre urdimbres políticas. Aunque la administración de justicia no está politizada, las altas cortes sí. Y eso se debe a que la constitución del 91 les atribuyó funciones políticas.

Es preciso, entonces, retirárselas. Tales atribuciones contaminaron la proverbial asepsia de las altas cortes, cuyo ejemplo sirvió durante años para consolidar una administración de justicia imparcial y respetable. A pesar de otras críticas que se formularon entonces, la constituyente del 91 encontró una cúpula judicial desprovista de intereses partidarios.

Por eso creyeron que vincular las cortes existentes al proceso de elección de algunos funcionarios era una forma de hacer más transparente su proceso de elección. Sin embargo, en la práctica, ocurrió lo contrario. La función electoral que se atribuyó a las cortes para despolitizar otros organismos, terminó contagiándolas, dándoles un excesivo poder político que ahora ejercen, paladinamente, para defender su propio statu quo. Es decir, para impedir nuevas reformas.

Así como una auténtica reforma política debe comenzar por el congreso y no por los concejos, una verdadera reforma a la administración de justicia debe comenzar por las altas cortes y no por los juzgados. En el primer caso, por ejemplo, es conveniente separar la función constituyente de la legislativa. En el segundo lo es eliminar la cúpula múltiple del poder judicial. Habrá que ampliarlo en su base pues, de seguro, faltan jueces, pero no es allí donde está el nudo gordiano del problema.

El proyecto de reforma que cursa en el congreso es inane. Se puede ahogar en su trámite parlamentario y no pasa nada, como tampoco pasará nada si se aprueba. El congreso que, pese a todas las críticas, sigue siendo un escenario clave para la deliberación democrática, tiene la última palabra. En todo caso, en la administración de justicia faltan jueces…pero sobran magistrados. 

Ex senador, profesor universitario.

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