Por: Juan Manuel Ospina

Las Farc destapan las cartas

Aplaudo la claridad en los medios del penalista Enrique Santiago, asesor de las FARC en el tema de justicia, el nudo gordiano de las negociaciones de La Habana. Planteó sin rodeos ni melindres jurídicos la posición de la guerrilla respecto al espinoso tema de las responsabilidades en el conflicto y de las penas que de ellas se desprenderían.

Hacía falta esa claridad para conocer el agua que nos moja en la mesa de negociación. Solo conociendo la verdad y lo que ella implica, podrá el país finalmente entender lo que está en juego, al darle argumentos a la razón y desbancar las posiciones puramente emocionales imperantes o el anodino pensamiento mágico (“lo único que quiero es que se acabe esta guerra”).

La cuestión no puede plantearse en términos de gusto o de simpatía/antipatía, sino de necesidad: esta guerra degradada no da más y es imposible que alguna de las partes la gane – ni vencedores ni vencidos –; no otra es la razón de que estén en la negociación. Prolongarla llevaría a su degradación final en un “narcobandolerismo” de pesadilla. Las razones para apoyar la solución política pueden ser fruto de la convicción, por principios si se quiere, o por conveniencia, por simple interés.

El punto central del planteamiento guerrillero es que se reconozca que en la génesis del conflicto hay una responsabilidad compartida entre Estado y guerrilla. Que las FARC reconozcan una responsabilidad, aunque menor frente a la del Estado, es ya un gran avance que plantearía una cierta simetría, el término es mío, entre el Estado y la guerrilla. Para las FARC, la responsabilidad, no solo política, del Estado no está en cabeza de las Fuerzas Armadas, a las que respetan, sino en quienes dieron las órdenes; por la cadena de mando llegan al Consejo de Ministros, al igual que en la guerrilla se desemboca en el Secretariado. Es en esas instancias de decisión y mando, donde consideran que no debe haber impunidad - “nichos de impunidad” - y sí un trato que se corresponda con las responsabilidades de unos y otros.

Santiago plantea que tanto el orden constitucional vigente como las normas internacionales, permiten que “a cambio de verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas… creer que la única sanción es la cárcel, es un concepto medieval”. Ese punto es bien importante, pues la justicia nunca puede estar al servicio de la venganza, aunque ésta sea social, sino del reconocimiento y restauración de los derechos concretos de unas víctimas de carne y hueso. Para ello se requiere conocer la verdad “completa, exhaustiva y detallada”; solo entonces la sociedad iniciará su proceso de sanación; no es la cárcel la que sana, sino la verdad. De ahí la importancia de la comisión de la verdad. Es falso que solo la cárcel, “aunque sea poquita”, evita la impunidad. Para las FARC, si ha de haber un solo día de cárcel que sea para todos los responsables. Ellos no reclaman impunidad/amnistía para la guerrilla sino igual trato para todos los responsables, con el Estado a la cabeza. Es un asunto político y no meramente jurídico.

Termina Santiago con algo que se comenta en voz baja, no solo en Colombia sino en Madrid y Washington, y es que el expresidente Uribe debería ser el más interesado en que “este modelo de verdad salga adelante”, pues podría serle útil como argumento para enfrentar los problemas jurídicos que le esperan en el camino.  

 

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