Farc, los primeros al banquillo

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La JEP hace historia. Su crucial imputación contra la cúpula de las Farc como responsable de secuestro masivo y de otras infamias sacudió a Colombia y a la comunidad internacional. Para las víctimas de los miles de plagiados, es paso cierto de justicia y prueba fehaciente de que la JEP no era el olimpo de impunidad que el uribismo se inventó y ha querido destruir por no verse, él mismo, cogido en las verdades de su paso por la guerra. Para el mundo que observa los procesos de paz, un hito. Este país ofrece modelo inédito de negociación de un conflicto interno a la luz de los estándares internacionales de justicia.

No se contrae la JEP a acusar de secuestro, sino que formula una sindicación más comprometedora aún: toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Ni errores ni excesos, fueron delitos atroces. Crímenes de guerra y de lesa humanidad, agravados por homicidio, tortura, desaparición y violencia sexual, que bien podría juzgar la Corte Penal Internacional. De los 21.396 secuestros que el tribunal documenta, promovidos como política establecida desde el Secretariado de la organización guerrillera, 1.860 serían víctimas de desaparición forzada estando en cautiverio, y 627 asesinados por sus captores.

El secuestro es un ataque salvaje a la libertad, a la autonomía de la persona, a su dignidad; extrañado del mundo, sufre el secuestrado la violación absoluta de su intimidad. Sufre la humillación de las cadenas, del hambre, del ultraje; sufre, a veces, simulacros de ejecución. Fue política trazada por el alto mando de la organización guerrillera para financiar su guerra, expandir su acción militar, controlar el territorio e intentar canje de prisioneros con el Estado. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana, las Farc extendieron el secuestro a la clase política, su rival en el poder regional. Entre las 912 víctimas políticas, 464 eran liberales, 135 conservadores, 135 de otros partidos y 41 de izquierda. Se trataba de convertirlos en moneda de cambio para negociar el reconocimiento de estatus de beligerancia para ese grupo armado.

No ahorraron, en su insania, alianzas con delincuentes y con uniformados. Ejecutaron a ancianos incapaces de caminatas extenuantes. Encadenaron a los secuestrados, los insultaron, los golpearon, escupieron sobre su magra comida, los encerraron en jaulas, les negaron la higiene básica, los hicieron pasar hambre y sed y, muchas veces, abusaron de ellos sexualmente. El elemento común y repetido, señala Julieta Lemaitre, la admirable magistrada ponente, es el poder sin control del comandante sobre el cuerpo del cautivo, que se resuelve en intensos sufrimientos y dolores.

El escrito que sustenta la acusación del alto tribunal estremece. Revela, sin atenuantes, el sadismo refinado, la sevicia de una guerrilla cebada en su cobardía contra víctimas inermes. Pero es primer cuadro en la galería de los horrores en los que todos los actores de la guerra se complacieron y son sujetos de la justicia transicional: guerrilleros, paramilitares, generales del Ejército, políticos y empresarios, cada sector con su ominosa carga de secuestros, masacres, descuartizamientos, falsos positivos, desapariciones, violaciones y expulsión (a sangre y fuego) de la tierra propia. Entre todas las dirigencias incursas en el holocausto, la de las Farc es la primera en pasar al banquillo de los acusados. Pero no será la última. Si no, no habrá sosiego ni paz ni reconciliación, fin último de la justicia restaurativa y meca de una nación que no soporta ya los sufrimientos de la guerra.

Se acusa a los jefes de la Farc no sólo por las decisiones que tomaron, sino por la responsabilidad del mando. La sanción comprende a un tiempo reparación a las víctimas y castigo. Y deberá extenderse a todos los victimarios.

Cristinadelatorre.com.co

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